Los convocantes toman este acuerdo después de que tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como la Fiscalía General del Estado advirtieran que el derecho a la huelga de jueces y fiscales no cuenta con amparo legal, por lo que bo es posible decretar servicios mínimos.

Las asociaciones aseguran tomar esta medida dado que la Justicia es un servicio público esencial para el adecuado funcionamiento de la Justicia y la atención a los ciudadanos, y ante la necesidad de establecer “unos servicios mínimos imprescindibles”.

Así, durante las tres jornadas de paro se atenderá el servicio de guardia, las actuaciones con detenido, las medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros y la conservación urgente de datos de operadores telefónicos. En este caso, no se considerarán servicios mínimos los juicios inmediatos de delitos leves ni juicios rápidos por delito sin detenido.

En el Orden Penal se garantizará la actuación de jueces y fiscales en causas con presos o detenidos puestos a disposición judicial y la aplicación de medidas cautelares personales y de cautelarísimas en el Orden Contencioso-Administrativo, Social y Mercantil

También se atenderán las órdenes sobre menores, las medidas provisionales con hijos menores o personas con d-iscapacidad, los internamientos involuntarios, la sustracción de menores o su internamiento, la ejecución de medidas de protección de menores o las actuaciones que impliquen la intervención personal de menores o personas con discapacidad que no puedan ser suspendidas con antelación.

Asimismo se acordarán las medidas provisionales cuyo aplazamiento pueda causar perjuicio irreparable, las decisiones sobre suspensión de lanzamientos por vulnerabilidad, los p,rocedimientos de donación de órganos de donantes vivos, los delitos de violencia de género y sus medidas de protección o las actuaciones con intervención personal de menores o personas con discapacidad que no puedan ser suspendidas.

También se realizarán las regularizaciones de la situación personal de detenidos, las causas con preso, las medidas de vigilancia penitenciaria, las resoluciones relativas a penas privativas de libertad, las resoluciones de peticiones o quejas de internos cuando afecten a derechos fundamentales y el reparto de asunto urgentes.