Así se puso de manifiesto durante la segunda mesa, titulada ‘Modelos de atención al Daño Cerebral en España’, y la tercera y última mesa de la jornada ‘Daño Cerebral Adquirido: Cuando las cifras representan vidas’, celebrada en el Congreso de los Diputados, en la que representantes del movimiento asociativo y responsables institucionales abordaron los déficits de atención y la necesidad de reforzar la coordinación sociosanitaria.

En la segunda mesa, la presidenta de Daño Cerebral Estatal, Ana Cabellos Cano, señaló que existen “diferencias en la atención entre comunidades autónomas e incluso dentro de un mismo territorio”. Por ello, defendió la necesidad de “establecer una cartera básica de servicios y protocolos comunes”, además de “mejorar la identificación del daño cerebral en los registros de alta hospitalaria” para disponer de datos que permitan planificar los recursos.

Cabellos también reivindicó el papel de las asociaciones, que acompañan a las personas afectadas y a sus familias y cubren necesidades que no siempre reciben respuesta desde los servicios públicos. En este sentido, pidió que “el daño cerebral adquiera tenga mayor prioridad política”.

Por su parte, Maite Ayala Baños, representante de Daño Cerebral Burgos, advirtió de que muchas familias reciben información “insuficiente” cuando la persona afectada abandona el hospital. Reclamó que los protocolos de alta incluyan información sobre las asociaciones especializadas, para evitar que “el desconocimiento retrase el acceso a la rehabilitación y aumente la carga económica y asistencial de las familias”.

La directora de Daño Cerebral Santiago de Compostela, Rocío García Calvo, incidió en la falta de recursos, especialmente durante la fase subaguda, y defendió que el acceso a la rehabilitación se determine por las necesidades de cada persona y no por su edad. También subrayó que las familias necesitan orientación “desde el ingreso hospitalario y durante las distintas etapas de atención”.

En esta mesa participó asimismo el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien explicó que los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales trabajan en un documento marco para mejorar la atención sociosanitaria y la coordinación entre ambos sistemas. Padilla defendió también que “las organizaciones de pacientes participen en la toma de decisiones y no se limiten a recibir información sobre ellas”.

Fotografía de la tercera mesa redonda de la jornada ‘Daño Cerebral Adquirido: Cuando las cifras representan vidas’ | Foto de Servimedia

LA TERCERA Y ÚLTIMA MESA

La tercera y última mesa, titulada ‘Propuestas de mejora’ puso el foco en las carencias de la atención al daño cerebral y en la necesidad de que “la respuesta pública no termine con el alta hospitalaria”. Durante el debate se destacó que la continuidad asistencial sigue siendo insuficiente y que el acceso a servicios especializados depende en buena medida del territorio y de los recursos disponibles.

En este sentido, el vocal de Daño Cerebral Estatal, Francisco Quiles Guerola, advirtió de la “insuficiente financiación de los servicios sociales” y de “la falta de conexión entre la atención sanitaria y la social”. Según los datos expuestos, el movimiento asociativo ha identificado 92 recursos de atención al daño cerebral en España, entre distintas modalidades, de los que 23 son centros de día.

Quiles señaló que buena parte de los recursos especializados han surgido de la iniciativa de las entidades sociales, en lugar de hacerlo desde las administraciones públicas. Esta situación, añadió, “agrava las dificultades de acceso en las zonas rurales y del interior”, donde la oferta de servicios y la coordinación entre profesionales resultan “más limitadas”.

Los participantes insistieron en que el daño cerebral adquirido puede dejar secuelas cognitivas, emocionales, conductuales y físicas que requieren “apoyos prolongados”. Por ello, reclamaron que la atención contemple tanto la rehabilitación como el acompañamiento a las familias y la inclusión social, con independencia de que haya finalizado la fase hospitalaria.