La Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti), la Plataforma de Afectados de la Función Pública en Madrid y Murcia (PAFP Madrid y PAFP Murcia) y el Sindicato de Trabajadores por el Empleo Público de Aragón (Stepa) leyeron un manifiesto en el que denunciaron que las Administraciones habían tratado a los interinos como “meras plazas, meros números sin rostro ni familia”.

“Somos personas. Más del 70% son mujeres mayores de 50 años con riesgo real de exclusión social", avisaron. También incidieron en que el fraude de estas situaciones “no es de quien trabajó”, sino “del empleador que utilizó la contratación temporal para evitar crear las plazas indefinidas que le correspondía crear”.

El presidente de Ansiti, Lorenzo Campillo, también afectado por la interinidad, señaló que la concentración de este miércoles fue “la respuesta de miles de trabajadores a los que el Estado ha utilizado durante décadas y ahora pretende echar a la calle como si nada”.

Campillo también apeló a la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), conocida como ‘sentencia Obadal’, y señaló que “ya no hay excusas ni salidas”.

Los convocantes también denunciaron que la respuesta del Gobierno y los sindicatos mayoritarios a la interinidad “ha sido insuficiente durante años” y agregaron que las medidas aplicadas no lograron reducir la temporalidad en el empleo público. Las organizaciones de afectados estimaron que los procesos de estabilización incrementaron la tasa de temporalidad hasta el entorno del 34%. Asimismo, alertaron de que más de 150.000 trabajadores en fraude de ley han sido expulsados sin indemnización tras décadas de servicio.

Los colectivos de interinos exigen una reparación íntegra del daño causado, articulada en cinco medidas concretas. La primera de ellas es una normativa específica para resolver el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas, que establezca la fijeza de forma automática sin necesidad de litigio individual.

Por otro lado, piden la readmisión inmediata de quienes fueron cesados estando en situación de abuso de temporalidad. También reclamaron indemnizaciones reales y disuasorias, proporcionales al tiempo de abuso, sin topes simbólicos.

Asimismo, exigieron transparencia absoluta en la identificación de los trabajadores abusados y criterios claros para ello y, por último, responsabilidad efectiva y disuasoria para las administraciones que dilaten o incumplan las medidas que sancionen definitivamente el abuso.