La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) son las asociaciones convocantes de la huelga.

Todas ellas suscriben que la concentración el sábado y el paro tienen un carácter “estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista" y pretenden que esté “abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía”.

Los convocantes celebraron una consulta a sus asociados en la que más del 80% se pronunció a favor de las protestas. Estas asociaciones ya celebraron un paro de 10 minutos ante las sedes judiciales el pasado 11 de junio en la que ya empezaron a reclamar la retirada de las reformas.

En esas concentraciones se leyó un manifiesto en el que se cuestionaba el “ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía”, así como la falta de garantías de independencia y los nuevos sistemas de acceso a las carrera fiscal y judicial.

En caso de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niegue a retirar el proyecto, estas asociaciones contemplan la posibilidad de prorrogar la huelga. Critican que las citadas reformas se estén tramitado por la vía de urgencia en el Congreso y “comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal”.

A su juicio, las nuevas formas de acceso a ambas carreras rebajarán la “excelencia” en los conocimientos exigibles para ser juez o fiscal e introducirán “pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”. Además, critican que se nombre a 1.300 jueces y fiscales “sin pruebas que midan su aptitud”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia tiene intención de sacar adelante el proyecto antes el verano y destaca que hay mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante la norma.