Tras las afirmaciones hechas por ambos, estas dos asociaciones piden que “si consideran que existen miembros del Poder Judicial que dictan sus resoluciones persiguiendo una finalidad política, identifiquen tales hechos y presenten las denuncias o querellas correspondientes, ya que esas conductas serían constitutivas de un ilícito penal y nosotros somos los primeros interesados en que se persiga a los jueces que cometan delitos”.

Pero en “caso de no hacerlo” exigen que “rectifiquen y se desdigan de las manifestaciones vertidas, pues el recto ejercicio de sus cargos no es compatible con expresiones que cuestionan el normal funcionamiento de las instituciones públicas y menoscaban la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia”.

La reacción de estas asociaciones se producen después de que el pasado 1 de septiembre, Sánchez dijera en una entrevista concedida a RTVE “hay jueces haciendo política”, tras lo cual apeló al CGPJ para que estudie si estas causas “tienen los parámetros de independencia y de respeto a la presunción de inocencia que merecen todos los ciudadanos”.

El presidente se refería a las causas que afectan a su entorno personal y al fiscal general del Estado, llegando a decir que “hay jueces que no cumplen con la ley. Hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos”.

Más tarde, el ministro Bolaños aseguró que la situación denunciada por el jefe del Ejecutivo era “una realidad incontestable”, llegando incluso a pedir al Consejo General del Poder Judicial que “dé un toque serio por algunas instrucciones indefendibles”.

Estas dos asociaciones consideran que “más allá del derecho a la libertad de expresión y de la legitimidad que en democracia ha de tener la posibilidad de criticar el contenido de resoluciones judiciales, estas declaraciones suponen un daño gravísimo a la separación de poderes y a la confianza que los ciudadanos han de tener en sus jueces y magistrados”.

Entienden que ambos miembros del Gobierno “sostienen es que en nuestro país existen jueces y magistrados que, en lugar de someterse al imperio de la ley, dictan sus resoluciones siguiendo un interés estrictamente político. Sencillamente, están afirmando que algunos miembros del poder judicial incurren en prevaricación, que es el más grave delito que un juez puede cometer en el ejercicio de su función”. Por ello, instan tanto a Sánchez como a Bolaños a que formalicen las correspondientes querellas contra quienes consideren que se saltan al ley o que rectifiquen sus palabras.