Según García, el objetivo principal de esta ley, encaminada a la protección de niños que sufren malos tratos y en situación de desamparo, es "entender al menor como un sujeto social con derechos propios y no como un elemento diluido en la familia".

A su juicio, "la separación del menor del núcleo familiar es la última solución que pretendemos dar, ya que el niño debe crecer con el apoyo de la familia".

La Ley de Protección al Menor prevé la eliminación de los centros especiales y residencias de menores en favor de pisos y casas de acogida, para que el menor pueda desarrollar su personalidad integrado en la sociedad.

"Hay que abandonar la idea del paternalismo y entender al menor como un ser con derecho a su integridad, opinión e imagen", untuallizó García. Esta ley plantea el apoyo económico a las familias de acogida de menores.

Un elemento innovador contemplado en la ley es la creación de una comisión del menor como órgano consultivo que ponderará el informe elaborado por el Servicio de Infancia en materia de adopciones, aunque su decisión no será vinculante, sino que deberá adoptarla en última instancia el propio consejero o el director regional del menor.

La ley también prevé la puesta en marcha de órganos de participación forados por asociaciones e instituciones relacionadas con el menor, que tendrán carácter consultivo.

Unos 400 menores están actualmente acogidos en centros de protección asturianos. El Servicio de la Infancia instruyó 603 expedientes en 1993 para valorar e intervenir en casos de desamparo y malos tratos. En cuanto a la adopción, actualmente hay 267 familias a la espera de adoptar a un menor, de los que 117 ya han sido valorados.