En una entrevista en la cadena Ser, Asunción señaló como máxima preocupación en su nueva etapa al frente de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias los problemas que atañen a la reinserción de los presos.

"Es la tarea más compleja porque existen muchas dificultades ara conseguir que lo que se dice y se hace se corresponda. Es difícil encontrar trabajo para una persona que ha tenido una condena, existen rechazos y es también difícil a veces conseguir el consenso simplemente para hacer cárceles nuevas. Hay un clamor por una parte para velar por los derechos de estos ciudadanos y después hay un rechazo también", precisó.

Asunción, que rechazó ser un "tipo duro" en su trabajo, pero destacó la importancia de "mantener el orden en las cárceles" para "asegurar y preserar" los derechos de los reclusos no agresivos, negó asimismo que las cárceles sean una escuela de delincuencia.

"Es un estereotipo, aunque parte de verdad tiene porque concentrar a los delincuentes en el mismo lugar, exige verdaderas maravillas para que no ocurra eso, pero eso es la clasificación: estar pendientes de la observación, ir separando a aquellos que son reincidentes de los que no lo son, impedir que los que perseveran en el delito no lo cometan, el tratar de introducir nuevas disciplinas edcativas", comentó para especificar que este tratamiento requiere "buenas estructuras y departamentos" para separar a los reclusos.

Sobre el problema de la masificación, reiteró que el hacinamiento continuará hasta 1996 porque las nuevas construcciones están condicionadas "a unos ahorros que la propia Institución penitenciaria tiene que generar con capítulos de personal, gastos corrientes y ventas de los inmuebles que ahora tiene aceptados", a lo que hay que añadir los retrasos que están generando las posiciones de ayuntamientos y asociaciones vecinales contra la ubicación de los recintos.

Asunción aludió también a su relación con los jueces de vigilancia penitenciaria, que calificó de "muy buena", y su potestad para otorgar permisos, para lo que reclamó la dotación de nuevos medios para desarrollar su tarea con garantías "si quieren mantener la preponderancia en las decisiones", aunque se mostró partidario de que sean los juzgados los que continúen teniendo la última palabra.

"Otra situación ería que los centros penitenciarios asumieran esa responsabilidad, pero eso generaría otro tipo de problemas en cuanto a dudas y sospechas de decisiones de la administración que, en esta materia, siempre es presunta culpable, así que casi es preferible que el juez siempre resuelva en última instancia, aunque están en desventaja respecto a la administración porque no tienen mecanismos para poder contrastar lo que nosotros emitimos como informe", agregó.

Por contra, apoyó la iniciativa de crear un cuerp de funcionarios policiales que dependan del ministerio de Justicia para resolver el traslado de los presos y la seguridad en las prisiones "y los primeros interesados en que esto funcione son las fuerzas de seguridad del Estado y el propio ministerio del Interior porque están haciendo unas tareas que no les son propias y que en ningún otro país lo realizan".

"Se podrían reclamar custodias puntuales para traslados de terroristas o grandes narcotraficantes peligrosos, pero los demás, traslados que podramos realizar con funcionarios de la propia institución penitenciaria y ajustar mejor los recursos si la vigilancia depende del director del centro", manifestó, al tiempo que calculó que esta medida permitiria recuperar 8.000 o 9.000 efectivos de los distintos cuerpos de la seguridad del Estado "apara las atareas que les son propias: las de prevenir el delito".

El secretario de Estado para Asuntos Penitenciarios se refirió además al incremento de insumisos en prisión, que disfrutan de libertad condicinal "porque lo lógico es que cumplan su condena pero en un régimen especial que evite que haya que reinsertarles, que no pierdan su trabajo, que no se les desarraigue de su medio".