Así lo trasladó la entidad al Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a quien reclamó la puesta en marcha de la prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos de las zonas afectadas, similar al mecanismo impulsado en la dana del pasado octubre en la Comunidad Valenciana.

También reivindicó el aplazamiento del pago de cotización e impuestos, la reducción de módulos al campo y a la ganadería, y líneas de financiación específicas.

Asimismo, pidió ayudas directas para la reconstrucción de negocios afectados, con cuantías de 12.000 euros, que se deberían incrementar hasta los 18.000 si hay una o dos personas en plantilla y hasta los 24.000 euros si hay situación de siniestro total.