Así lo dijo Saiz en su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, donde presumió de la mejora que se está produciendo en la atención al ciudadano en la Seguridad Social y se comprometió a seguir reforzándola tanto a nivel de medios materiales y tecnológicos como con más personal en plantilla.

La ministra señaló que, si a las más de seis millones de atenciones presenciales se le suman la atención telefónica y la telemática, el total se acerca a los 20 millones y si se agregan los procesos de autogestión habilitados de manera telemática, como el simulador de la pensión de jubilación, la descarga de certificados y otras gestiones, el número de atenciones se eleva a 64 millones.

“Les recuerdo que la población en España no alcanza los 50 millones de personas, por poner en contexto estos datos”, prosiguió Saiz, quien También exhibió los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), cuyas oficinas atendieron a 1.750.000 personas, más del triple de las atendidas en el año anterior (497.000).

“No sólo estamos atendiendo a más ciudadanos, también lo hacemos mejor. De hecho, los ciudadanos atribuyen una puntuación media a la atención recibida por el INSS del 8,65”, abundó.

No obstante, llamó a no caer en el conformismo y adelantó que “uno de los proyectos más inminentes” es el Impulso de un proyecto de ley de mejora de la gestión de la acción protectora de la Seguridad Social.

En su opinión, se trata de “simplificar requisitos para el acceso o mantenimiento de algunas prestaciones, agilización de trámites y que seamos una Administración proactiva, como nos recomendaba la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, llevando a cabo una labor armonizadora del régimen jurídico de la gestión de las prestaciones”.

Entre las medidas que incluirá este proyecto de ley hay algunas como la posibilidad de que las entidades gestoras reconozcan de oficio el derecho a las prestaciones o el incremento de su importe cuando, de los datos que obren en su poder, queden acreditados los requisitos (sin que tenga que solicitarlo el interesado, evitando pérdida de derechos por desconocimiento de la normativa de Seguridad Social).

“También incluimos cambios sobre la base que se utiliza para el cálculo de las prestaciones por incapacidad temporal, de manera que la base reguladora pase a ser la base de cotización del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, lo que simplificará este procedimiento, dará mayor seguridad jurídica al ciudadano y reducirá el número de incidencias a las empresas”, añadió Saiz.