En una sentencia de 611 páginas, los magistrados de la Sección Primera condenan a la pena de ocho años y dos meses de cárcel al empresario y asesor comercial David Marjaliza por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales agravado y los delitos continuados de fraude a la Administración pública, prevaricación, continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil por particulares, en relación de concurso ideal medial. Le aplica las atenuantes de confesión tardía, dilaciones de indebidas y reparación del daño.

El fallo también condena a penas de seis años y seis meses de cárcel al entonces director general de Cofely, Didier Roger Maurice, y al director Comercial, Constantino Álvarez, por delitos de organización criminal y continuado de fraude a la Administración pública, continuado de prevaricación, continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil por particulares, en relación de concurso ideal medial.

Por los mismos delitos y, además por tráfico de influencias, el Tribunal impone una pena de seis años y 11 meses al que fuera director Comercial de Cofely, Pedro García Pérez.

A estos tres, al igual que a otros acusados, el Tribunal también les aplica las atenuantes de confesión tardía, dilaciones de indebidas y reparación del daño.

Por su parte, la empresa Cofely, como persona jurídica, resulta condenada por delito continuado de cohecho a la pena de tres años y seis meses de multa con una cuota diaria de 2.500 euros por día y por tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Parla a otros seis meses de multa con una cuota diaria de 2.500 euros al día, al tiempo que se le absuelve de blanqueo de capitales.

Considera el Tribunal que la prueba practicada ha puesto de manifiesto que el modelo de cumplimiento que la compañía tenía escrito y que había divulgado entre sus empleados, a través de sus canales internos, no fue eficaz para prevenir las actividades corruptas realizadas por varios directivos bajo el liderazgo del director general y que implicaron a varios departamentos, comercial, de compras y de producción durante tres años, al haber fallado los controles de supervisión de dicho cumplimiento.

“En definitiva, lo que resulta de la valoración conjunta de la prueba practicada es que los empleados de Cofely implicados en estos hechos desarrollaron la mecánica delictiva involucrando a varios departamentos de la compañía durante tres años, sin que encontraran ninguna traba, al revelarse como ineficaces las medidas anticorrupción proclamadas formalmente pero que no se desarrollaron en orden a prevenir y detectar estas prácticas corruptas”, subraya la sentencia.

ALCALDES

En el caso de los alcaldes bajo cuyo mandato se adjudicaron los contratos de eficiencia energética objeto de enjuiciamiento, la Audiencia condena al exalcalde de Parla, José María Fraile Campos, a dos años de cárcel como autor de un delito de fraude, prevaricación y cohecho en relación de concurso ideal medial, así como a otros cuatro meses y 15 días de cárcel por tráfico de influencias.

En el caso del exalcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, la Sala le condena a tres años de inhabilitación especial por delito de prevaricación, mientras que para el regidor de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada Pita, se establece la de cuatro años y seis meses de prisión como autor de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de cohecho.

También resulta condenado el exregidor de Villalba, Agustín Juárez López de Coca, como autor de un delito de fraude a la Administración Pública, un delito de prevaricación y un delito de cohecho, todos ellos en relación de concurso ideal medial, con la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de cuatro años y seis meses de prisión.

La sentencia condena igualmente Daniel Ortiz Espejo, exalcalde de Móstoles, a tres años de prisión como autor de un delito de cohecho y a 12 meses de multa, con una cuota diaria de 20 euros, por un delito de revelación de información reservada. Al exalcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, la Sala le impone una pena de casi tres años de cárcel por fraude, prevaricación, cohecho, y tráfico de influencias.

Por el contrario, tras examinar la prueba, los magistrados absuelven de los delitos de los que estaban acusados a los exalcaldes de Almendralejo, José García Lobato, y de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Según relata la sentencia, entre marzo del 2012 y octubre del 2014, los acusados de Cofely y David Marjaliza, con su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron como una organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en los ayuntamientos objeto de enjuiciamiento en la presente pieza con el fin de obtener la adjudicación de contratos de eficiencia energética en dichas entidades locales, por lo que participaba en varios concursos a la vez, en los que ofrecía o aceptaba acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban.

En esta tarea se involucraron los acusados, entre organizadores y participes, que ejecutaron varios roles y tareas, vinculadas en secuencias simultaneas o sucesivas, que se desplegaban como esferas o círculos concéntricos de actividad, siguiendo una secuencia temporal continuada.

La Sala considera acreditada la existencia de una trama organizada entre varios directivos de Cofely y el empresario Marjaliza dirigida a la consecución de contratos públicos de eficiencia energética licitados por diversos Ayuntamientos a cambio de pago de sobornos a autoridades y/o funcionarios públicos.