De este modo, la Sala de Gobierno rechaza un recurso de alzada interpuesto por la acción popular del 'caso GAL', que estimó que la oposición del magistradoa facilitarle una copia del sumario dificultaba su actuación en las diligencias.

Sin embargo, el órgano de Gobierno de la Audiencia Nacional precisa que aunque la ley establece que los juzgados y tribunales facilitarán a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado del sumario y que podrán examinarlo y conocerlo, señala que ese precepto no permite que se pueda exigir copia de todas las actuaciones judiciales para mayor comodidad de quien las solicita.

Esto, a juicio de la Sala de obierno, implicaría un evidente peligro de lesión del derecho al honor o a la intimidad de otras personas que podrían verse afectados con la circulación de las declaraciones de testigos, peritos o documentos.

Así, concluye que no es procedente la entrega a quien lo solicite de copias de todas las actuaciones judiciales, sino que sólo se pueden expedir de algunas partes concretas con mención expresa de su destinatario.

Las fuentes consultadas indicaron que la acción popular del 'caso GAL' ya ha annciado su intención de recurrir esta resolución de la Sala de Gobierno ante el Consejo General del Poder Judicial.