El juicio por el ‘caso Waiter Music’ se celebrará entre el lunes y el miércoles. En la vista se analizaran decenas de contrataciones en los municipios de Valdemoro, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Móstoles y Algete. También hay contrataciones bajo sospecha suscritas por empresas dependientes del gobierno autonómico como Metro, Arpegio o Pamam.

La Fiscalía pide seis años de prisión para Granados, que también era secretario general del Partido Popular madrileño, y entre dos y cinco años para el resto de los acusados entre los que se encuentran media docena de alcaldes.

El principal acusado en esta causa es Francisco Granados, exalcalde de Valdemoro, exconsejero madrileño autonómico y mano derecha de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid entre 2004 y 2011. La Fiscalía le atribuye el papel de intermediario entre la empresa y los alcaldes populares y supuestamente, recibió “regalos” por su actuación.

La Audiencia Nacional juzgará también al exsenador, diputado regional y concejal en Algete, David Erguido, además de seis exalcaldes del PP en Valdemoro, José Carlos Boza y José Miguel Moareno; Móstoles, Esteban Parro y Daniel Ortiz; Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, y Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la sociedad Waiter Music, especializada en la organización de espectáculos y hostelería, negociaba con administraciones públicas para lograr contratos de organización de las fiestas patronales de municipios como Valdemoro, Móstoles, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio o Humanes de Madrid.

Además, la empresa organizó numerosos eventos de inauguración de obras en la Comunidad de Madrid y colaboró con las empresas constructoras que los realizaron y que son las grandes compañías del sector: FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL.

La relación de Waiter Music con la Comunidad de Madrid y las constructoras partió de la decisión de realizar eventos conmemorativos del inicio el fin de las obras de ampliación de las líneas 3 y 7 de Madrid que ampararon las adjudicaciones “fuera de cualquier tipo de expediente de contratación”. Y añade: “Era la propia administración la que elegía a los contratistas que llevarían a cabo los festejos, si bien posteriormente, los mismos eran abonados por las empresas adjudicatarias”.

El auto de procesamiento señala que muchos de los contratos adjudicados en este tiempo se amañaron por parte de los gobiernos locales a favor de José Luis Huerta (ya fallecido) y su empresa Waiter Music u otras firmas vinculadas.

Waiter Music se hacía cargo de la organización de los festejos y realizaba otros servicios para los dirigentes políticos del PP al margen de lo contratado que “nunca eran facturados” para “seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos”.