La intención inicial del Ejecutivo era aprobar el texto en el último Consejo de Ministros ordinario antes del parón estival. Sin embargo, las reticencias expresadas por Junts, PNV y Podemos llevaron al PSOE y a Sumar a posponer la decisión y mantener abiertas las negociaciones durante el verano.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido que el objetivo del Gobierno no es solo aprobar el decreto en el Consejo de Ministros, sino asegurar también que pueda superar después el trámite parlamentario.

Por ello, el Ejecutivo ha continuado intercambiando propuestas y documentos con los grupos políticos durante agosto en busca de un acuerdo que permita desbloquear la norma.

Pese a las dificultades, Rodríguez se mostró a final de julio "positiva" sobre las posibilidades de alcanzar un entendimiento y aseguró que las conversaciones han permitido acercar posiciones e incluso lograr consensos que no habían sido posibles durante la legislatura.

El decreto forma parte de la respuesta del Gobierno a la crisis habitacional y recoge medidas como la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler, incentivos fiscales para propietarios, la regulación de los alquileres de temporada, actuaciones para reforzar la protección de los inquilinos vulnerables y modificaciones relacionadas con la Ley del Suelo.

VETOS CRUZADOS

La principal dificultad para el Ejecutivo ha sido conciliar las demandas de socios parlamentarios con planteamientos muy diferentes. Podemos exige medidas más ambiciosas para limitar los precios de los alquileres, combatir la especulación y reforzar la protección frente a los desahucios. Además, ha situado como línea roja la retirada de los cambios previstos en la Ley del Suelo, al considerar que pueden favorecer determinados desarrollos urbanísticos.

En el extremo contrario, Junts se opone a nuevas intervenciones estatales sobre el mercado de la vivienda y reclama medidas orientadas a incentivar la oferta y proteger a los pequeños propietarios. La formación de Carles Puigdemont ha defendido públicamente un "cambio radical" en las políticas de vivienda y ha advertido de que no respaldará fórmulas que, a su juicio, se han mostrado ineficaces.

El PNV, por su parte, ha reclamado una delimitación clara de las competencias autonómicas, cambios en la Ley del Suelo que faciliten la gestión urbanística municipal y una regulación diferenciada para el alquiler de temporada.

PRESIÓN DE LOS SOCIOS

El aplazamiento del decreto provocó críticas de varios aliados parlamentarios del Gobierno. ERC advirtió de que "la crisis de la vivienda no se va de vacaciones" y reclamó acelerar las negociaciones para dar respuesta a una emergencia habitacional que considera prioritaria.

Desde Sumar han intentado trasladar confianza sobre el desenlace final. La portavoz del grupo en el Congreso, Verónica Barbero, llegó a asegurar que el decreto será "la primera medida" que apruebe el Consejo de Ministros en septiembre, una vez completadas las negociaciones pendientes.

Mientras tanto, el Ejecutivo confía en que la combinación de incentivos fiscales para los arrendadores, medidas de protección para los hogares más vulnerables y algunas modificaciones respecto al borrador inicial permita reunir los apoyos suficientes.