Los magistrados que componen el Pleno de la Sala de lo Penal acordaron, por diez votos a cinco, y con "carácter cautelarísimo", la paralización de la apertura de las fosas ordenadas por Garzón al acceder a la petición de la Fiscalía, quien había alertado que su ejecución antes de que se decida sobre el recurso podría causar "perjuicios irreversibles de difícil reparación".

Con esta decisión, la Audiencia Nacional paraliza la apertura de las 25 fosas ordenadas por Garzón, entre ellas la que se supone que alberga los restos del poeta Federico García Lorca, situada entre los municipios granadinos de Alfácar y Víznar.

En concreto, el Pleno, en una reunión de más de dos horas y en la que estuvieron presentes todos los magistrados menos Enrique López, José Ricardo de Prada y Clara Bayarri, decidió ordenar a Garzón la "paralización de todas las actuaciones" acordadas en el marco de su investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, "en cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Este artículo establece que el juez instructor "no puede practicar más diligencias que aquellas que sean necesarias para comprobar el delito o de reconocida urgencia" cuando exista un recurso contra su causa pendiente de resolución.

En particular, el Pleno requiere a Garzón "para que se paralicen las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres en tanto no se resuelva por esta Sala de lo Penal la cuestión de incompetencia planteada por el Ministerio Fiscal".

La solicitud presentada por la Fiscalía destacaba que Garzón "ha seguido ordenando la práctica de diligencias y dictando resoluciones" a pesar de que su departamento recurrió, el pasado 21 de octubre, la decisión del magistrado de declararse competente en la causa.

El propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, recurrió la decisión de Garzón de declararse competente, al entender que se trata de delitos comunes -y no de crímenes contra la humanidad- que habrían prescrito y que estarían perdonados al amparo de la Ley de Amnistía de 1977.

La decisión sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la investigación de Garzón está pendiente de que el magistrado, que lleva dos semanas de baja por una operación de garganta, remita a la Sala de lo Penal sus alegaciones al recurso del Ministerio Público.

Al solicitar la paralización de las exhumaciones, el Ministerio Público pedía al Pleno que ordenará a Garzón que "se limite a practicar diligencias esenciales que no causen a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación, caso de estimarse el incidente de competencia planteado".

La decisión del Pleno ha contado con un voto particular discrepante, que no se ha hecho público, al que se han adherido los cinco magistrados que han votado en contra de la paralización de las exhumaciones.

FOSA DE LORCA

Por lo tanto, la Audiencia Nacional ha ordenado la paralización cautelar de la apertura de las 25 fosas autorizadas por Garzón, entre ellas la que se supone que alberga los restos de Lorca.

El magistrado accedió a la apertura de la fosa en respuesta a la demanda de los familiares del banderillero Francisco Galadí Melgar y del maestro republicano Dióscoro Galindo, cuyos cuerpos fueron supuestamente enterrados junto al del poeta tras ser fusilados por militares sublevados.

Asimismo, el pasado 16 de octubre, a través del auto con el que Garzón se declaró competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, el magistrado autorizó, además de los trabajos en la fosa de Lorca, la apertura de otras 19 fosas que también tendrán que ser paralizadas.

En concreto, se deberán paralizar las exhumaciones de los cadáveres que se encuentran en las fosas comunes de Parrillas (Toledo), Adrada de Haza, San Juan del Monte y Valdenoceda (Burgos), y los municipios leonenses de La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas de Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo.

También deberán parar las excavaciones de las fosas situadas en Córdoba, La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva), Fuerte de San Cristóbal (Navarra) y La Serna (Madrid).

Por último, ayer, jueves, el juez Santiago Pedraz, que sustituye a Garzón mientras dura su baja médica, autorizó la apertura de una fosa común situada dentro de la cripta del Valle de los Caídos (Madrid), que contendría los cuerpos de al menos siete fusilados de la Guerra Civil, así como fosas situadas en Villanueva de la Vera (Cáceres), en Aguilar de la Frontera (Córdoba), en el cementerio general de Valencia y dos localizadas en las proximidades del municipio de Calviá (Mallorca).

La decisión del Pleno también afecta a la apertura de estas seis fosas autorizadas por Pedraz. De hecho, la Audiencia Nacional remitirá la resolución dictada hoy a los juzgados territoriales que habían sido requeridos por Garzón para coordinar y controlar las labores de exhumación de los restos que se encuentran en las 25 fosas.