La querella se refería la existencia de presuntos delitos de malversación de fondos europeos en la compra de derechos del agua en el Alto Guadiana gestionados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que podría constituir un presunto delito de fraude durante los últimos quince años.

La Audiencia Nacional da así la razón al presidente castellanomanchego, que tuvo que enfrentar la polémica derivada de la presentación de esta querella durante la campaña electoral de los comicios municipales y autonómicos del pasado 28 de mayo.