Esta pieza sentó en el banquillo a los expresidentes regionales Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El Gobierno de Juanma Moreno apoya su cambio de postura en las diez sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que borran los delitos a los exaltos cargos condenados por el cambio de doctrina sobre la legalidad de las ayudas.

La Junta de Andalucía reclama su presencia en la causa dado que solo ha podido recuperar 28 millones de euros de los 680 millones defraudados. La Audiencia ha dictado una providencia en la que da tres días a las partes para formulen alegaciones.

La Audiencia de Sevilla tomará la decisión definitiva después y también deberá decidir si presenta una cuestión prejudicial o una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si el TC se hubiera extralimitado en sus funciones o hubiera invadido competencias de los tribunales ordinarios.