En un comunicao que valora el decreto del Gobierno sobre la liberalización del sector, AUTEL cree positivo que no se incluya en el decreto del Gobierno ninguna cita en la que se diga "que España piensa utilizar la moratoria para la liberalización el 1 de enero de 1998".

No obstante, demanda garantías para que esa liberalización se produzca en la fecha prevista, y por ello insta al Gobierno "a que agilice todas las medidas posibles para que este proceso de competencia controlada -Telefónica frente al 'segundo operadr'-, tenga la mínima duración".

"Lo contrario", añade AUTEL, "perjudicaría tanto a los usuarios como a los propios operadores nacionales que verían comprometidas sus participaciones en los consorcios europeos", es decir, que las empresas españolas del sector podrían ver limitada su entrada en grupos multinacionales por la ausencia de reciprocidad en las respectivas legislaciones.

La Asociación reconoce la dificultad de consolidar el segundo operador a sólo 18 meses de la plena liberalización, per señala que "carecería de sentido privatizar Telefónica y crear un segundo operador con un 49% de participación pública", por lo que "debe acelerarse el proceso de privatización total del segundo operador".

AUTEL recuerda su demanda histórica de que el Estado se deshaga de todas las participaciones en empresas operadoras, con el fin de que no sea juez y parte en la liberalización , y por ello critica que la eliminación de la la Delegación del Gobierno en Telefónica se demore hasta el 1 de enero 1998, a que es en ese periodo en el que más conflictos competenciales pueden surgir.

Dichos conflictos, según AUTEL, deberán ser tratados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que debe ser autonóma e independiente del Gobierno, para lo que solicitan que se consulte a los profesionales del sector antes de que Fomento proceda a su creación.

Para la asociación, las medidas del Gobierno generan "un mayor grado de liberalización" y atiende algunas de sus demandas, como el órgano de arbitraj independiente y la libertad de acceso a las infraestructuras, pero señalan que aún quedan medidas por delante y piden que "continúe a buen ritmo el proceso iniciado para recuperar el tiempo perdido".