Durante la mesa territorial, representantes autonómicos coincidieron en señalar las carencias del sistema. La representante de Canarias en el Comité Territorial de Autismo España, Rosa Díaz Bonilla, denunció que el retraso en el diagnóstico y el acceso desigual a la atención temprana obliga a muchas familias a recurrir a servicios privados, lo que genera “grandes desigualdades” en función de los recursos económicos.

Asimismo, reclamó una “mayor preparación del sistema educativo”, con formación obligatoria en autismo para el profesorado y la incorporación de apoyos específicos en las aulas.

Por su parte, la presidente la Federación Autismo Castilla y León, Carmen Calvo Méndez puso el foco en la vida adulta, advirtiendo de que solo el 38% de las personas con autismo “tienen reconocido su grado de dependencia”. A su juicio, los problemas estructurales del sistema, listas de espera, trámites complejos o costes económicos, “dificultan el ejercicio pleno de la autonomía”.

En la misma línea, el presidente de la Federación Autismo Madrid, José Antonio Maleno, destacó el papel clave del tercer sector, que gestiona la práctica totalidad de los centros especializados en autismo en España. “Invertir en estas organizaciones no es un gasto, sino apostar por las personas con autismo”, defendió, al tiempo que denunció retrasos en pagos y falta de financiación estable.

Según datos expuestos por la confederación, en España la edad media de diagnóstico se sitúa entre los cinco y siete años, pese a que “la evidencia científica permite detectarlo desde los 18 meses”. Además, alertaron de la falta de apoyos en el entorno escolar y del impacto del acoso, así como de la escasa inclusión en la vida adulta.

En este sentido, señalaron que cerca del 90% de las personas con autismo viven con sus familias y solo una de cada diez accede a un empleo, lo que “limita su autonomía”.

COMPROMISO INSTITUCIONAL Y RETOS PENDIENTES

En la mesa institucional, la vicepresidenta de Autismo España, Mercedes Molina Montes, subrayó la necesidad de “seguir generando oportunidades y avanzar en los derechos del colectivo”.

Desde el Gobierno, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, defendió la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia como “un marco clave para garantizar apoyos personalizados y mejorar la accesibilidad.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, destacó que el autismo es una realidad “cada vez más visible” que requiere respuestas adaptadas a cada persona, mientras que el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, reconoció que, pese a los avances, las administraciones aún tienen “mucho por hacer”.

Por su parte, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, abogó por trasladar los avances logrados en España en materia de discapacidad a otros países.

La jornada puso de relieve que, aunque se han producido avances en los últimos años, persisten importantes retos estructurales que requieren una “mayor coordinación institucional, financiación estable y políticas públicas centradas en las necesidades reales de las personas con autismo y sus familias”.