La cuestión que finalmente no se ha incluido en el documento se refiere a la elaboración de un listado de prestaciones sanitarias para 1993, que las comunidades no estaban dispuestas a aceptar, aunque, según explicó el ministro de Sanidad, José Antonio Griñán, sí se determinará "qué es sanitario y qué no lo es, con el fin de que las prestaciones que no lo sean se cubran por otras instancias".

El director general de Evaluació de Servicios, Marcos Peña, insistió en que "todas las prestaciones sanitarias que hay en la actualidad se mantendrán y no se verán recortadas, y las que se incorporen en un futuro deberán pasar por dos filtros: el de la Agencia de Evaluación Tecnológica y el de estar contempladas en los presupuestos".

"No se puede exigir que se responda a algo para lo que no se tiene presupuesto", explicó Peña, "por lo que en un futuro se impondrá una cierta racionalización de los gastos, nunca una reducción".

Ajuicio de Peña, la deuda sanitaria actual no es producto de una mala gestión (idea compartida por otros consejeros), sino de causas exógenas, como el envejecimiento de la población, y propias, como el insuficiente presupuesto y la inclusión de obligaciones en el sistema sanitario cuando no se dispone de dinero suficiente.

A pesar de que Marcos Peña presentó el documento como un texto en el que se establecen las líneas estratégicas de financiación de la Sanidad, en él no se contempla tampoco cómo se ditribuirán los recursos en 1993, ni el presupuesto estimado para el próximo año, aunque dijo que "subirá más que otro gasto de la Administración del Estado".

DEUDA SANITARIA

Como en reuniones anteriores, el punto más conflictivo fue la financiación de la deuda sanitaria por parte de las autonomías, que será discutida nuevamente esta semana por los consejeros de Economía y el ministro Carlos Solchaga.

Sobre esta cuestión, el ministro de Sanidad destacó la nueva propuesta de financiación de la Genralitat de Cataluña, que, según Griñán, consiste en "pagar la deuda institucional y los intereses del neto de su deuda", es decir, sólo los intereses de la deuda sanitaria contraída por esta región.

Otros consejeros autonómicos, como el gallego José Manuel Romay, expusieron también su desacuerdo sobre la fórmula que se ofrece para pagar los intereses de la deuda y especialmente los acreedores prioritarios a los que se pagará.

En el intento de racionalizar el gasto sanitario también se discutió ho el gasto farmacéutico. Ya hay un borrador de decreto sobre la financiación selectiva de medicamentos que, según Peña, "no se va a negociar".

Este proyecto establece una lista negativa de medicamentos por los que el usuario deberá pagar más si la Administración decide no subvencionarlos.

Sobre este borrador, Xavier Trías, consejero de Sanidad catalán, mostró su disconformidad y explicó que el decreto debería aplicarse a los medicamentos nuevos y no a los que ya están en el mercado.

Las prestciones farmacéuticas serán objeto de discusión el próximo mes de septiembre por parte del Consejo Interterritorial, en el que también se abordarán la posibilidad de expedir medicamentos en los ambulatorios y el margen de beneficio de las oficinas de farmacia, establecido en la actualidad en el 29,9% del coste del producto. Según Griñán, este aspecto se discutirá con el Colegio de Farmacéuticos, aunque nunca para reducir el margen.