Blanqueo
Las autoridades han pedido datos de 1,2 millones de personas o entidades al órgano notarial de prevención del blanqueo desde 2006
- El Notariado dice que es "un referente mundial" y los abogados lo ven como “una aportación esencial a la sociedad”
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El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), creado por el Consejo General del Notariado en 2006, ha recibido en estos 20 años solicitudes de información por parte de las autoridades de casi 1,2 millones de personas físicas o jurídicas por posibles delitos de blanqueo o financiación del terrorismo.
Esta cifra se destacó durante el diálogo 'Prevención del Blanqueo de Capitales', organizado por Servimedia, en el que participaron la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Barrio; el director del OCP, Pedro Galindo; Josefina García, abogada socio del Despacho Pérez-Llorca, y Lorenzo Prats, abogado y catedrático de Derecho Civil. Todos ellos coincidieron en que este órgano, que cuenta con la segunda base de datos más grande de España, es clave para prevenir estos delitos.
Se trata de un órgano que nació para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios en esta materia, tanto con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) como con las autoridades policiales (UCO y UDEF) y judiciales, principalmente ante la complejidad de las operaciones de blanqueo y con el foco puesto en la transmisión de participaciones sociales.
Esa gran base de datos es el Índice Único Informatizado, que han ido alimentando los notarios estos 20 años y que cuenta con más de nueve terabytes de información con, entre otros, datos de más de 48,2 millones de personas físicas, de 3,6 millones de jurídicas o de 33,8 millones de inmuebles para que jueces, policías o la Fiscalía sepan en poco tiempo quién está detrás de una sociedad. También incluye más de 180 millones de documentos notariales y 225 millones de operaciones.
Una información, resaltó Galindo, que “es auténtica e indubitada”. Y, sobre todo, que permite centralizar las operaciones de las notarías de España en un solo lugar porque aunque la constitución de una sociedad se haya hecho en La Coruña y al día siguiente se haya ampliado capital en otra de Lanzarote y posteriormente se transmitan participaciones en Huelva, cada uno de los notarios comparten la información.
Esta herramienta corría peligro con el proyecto de Ley de Integridad Pública que promovió el Gobierno, pero la convocatoria de elecciones lo paralizó, ya que eliminaba la obligatoriedad de la escritura pública en la transmisión de participaciones sociales.
"CONTACTO DIRECTO"
Tal y como explicó Barrio, en la lucha contra el blanqueo de capitales “es fundamental el contacto directo” entre el notario y la persona que se presenta ante ellos para operaciones como la constitución de una sociedad o la transmisión de participaciones. Su función, subrayó, es “preventiva”, para evitar "el conflicto”, ya que el Notariado, “dentro de su función institucional y con cumplimiento de la legalidad, tiene que garantizar la seguridad nacional”.
Bajo esa premisa detalló que decidieron crear el OCP porque “un notario sabe lo que se firma ante él, pero no lo que se firma en el resto de las notarías de España”. “Había que coordinar la responsabilidad individual del notario con un organismo centralizado que analizase todas las operaciones que se firmen en España”. Y no dudó en apuntar, "con absoluta seguridad", que es "un referente mundial".
Galindo fue más allá al señalar que, con su creación, el Notariado puso “toda su potencia” para “colaborar con las administraciones públicas, con la Policía, Guardia Civil, jueces, fiscales, servicios de inteligencia… en prevenir una lacra que tiene que preocupar a todos”. Aquí hizo un inciso para dejar claro que los delitos de blanqueo no son "solo delitos de cuello blanco", pues "lo que hay son delitos de una obscenidad tremenda", como gente que "pretende lavar dinero proveniente de trata de personas o del tráfico de armas". Una “lacra”, insistió, que no solo es “un tema de seguridad nacional”, sino que “impacta de manera decisiva en la seguridad económica del país” y en su “credibilidad” de cara a buscar financiación en los mercados internacionales.
Como defensa de la utilidad del trabajo que realizan en la prevención de estos delitos, el director del OCP puso sobre la mesa algunas cifras. Así, desde 2006, solo en temas de blanqueo y financiación del terrorismo han recibido cerca de 406.000 requerimientos de información, destacando que cada uno de estos puede referirse a una o varias personas. "La media está en 2,8-2,9 personas", comentó. De ahí que subrayase: “Desde 2006 nos han preguntado por casi 1,2 millones de personas físicas o jurídicas, como sociedades, asociaciones o fundaciones”.
11.200 OPERACIONES COMUNICADAS AL SEPBLAC
Asimismo, a la espera de cerrar las estadísticas de 2026, hasta el pasado año han comunicado al Sepblac cerca de 11.200 operaciones, de las que cerca de un 80% “ha acabado delante de un juez o un fiscal”. “Se demuestra la eficacia desde la base notario y lo que nosotros podemos aportar más centralizadamente”, señaló para incidir en que “la parte preventiva es básica” y “totalmente necesaria en esta lucha”.
Esta herramienta la definieron los abogados como “una aportación esencial a la sociedad”, como dijo García, quien quiso destacar que, en la “cadena” de entidades obligadas por la Ley de Prevención del Blanqueo (joyeros, sector inmobiliario, abogados…), “cuanto más cubiertos estén todos los frentes, mejor para todos”, haciendo hincapié en que la “segunda capa”, la del notario, hace un trabajo “maravilloso”.
“Cuando alguien sabe blanquear, las operaciones jurídicamente son perfectas y eso añade una capa de complejidad, porque normalmente quien pretende blanquear y es un profesional está muy bien asesorado”, matizó Galindo, quien puso de relieve la importancia de detectar “inusualidades” y un posible “riesgo de la operación”. Aquí, como ejemplo de esos detalles que hacen saltar las alarmas, señaló que, en casos de financiación del terrorismo, una persona que era “normal” en una primera visita y trataba con una mujer, tras la radicalización llegó un día a la notaría y dijo que ya no quería "tratar más con ella”.
Al respecto, Prats, como abogado, también puso “en valor” la reacción “valiente” del Notariado al dar luz a esta iniciativa, que tachó de “acierto”, pues hasta entonces cada notaría era “una isla” y “no había intercambio de información". Destacó que al crear la OCP se convirtió en la “avanzadilla del Estado” y ensalzó que este órgano, al poder "golpear" el Índice Único Informatizado, puede obtener unos datos que antes era "muy difícil" lograr, pues "había que ir notaría por notaría y realizar casi una investigación propia del siglo XVIII o XIX".
(SERVIMEDIA)
22 Nov 2026
FCM/mjg


