Las consideradas como 'Autoridades de Protección de Datos' lanzan este manifiesto con motivo del décimo aniversario del Reglamento General de Protección de Datos, aprobado en 2016.

Se trata de la primera vez que las autoridades españolas competentes en materia de protección de datos suscriben un compromiso conjunto de colaborar para "hacer frente a los retos relacionados con la transformación digital, la creciente economía del dato y el uso intensivo de tecnologías emergentes, incluidas las nuevas formas de tratamiento masivo de información personal", según explican en el texto.

Las autoridades parten del reconocimiento al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) como referente normativo global para la protección de un derecho fundamental vinculado a la dignidad de la persona, al libre desarrollo de la personalidad y al funcionamiento de una sociedad democrática. Por otro lado, subrayan que la privacidad es también un elemento clave para generar confianza en los entornos digitales, condición necesaria para el desarrollo de una economía del dato legítima y sostenible.

La declaración pública aborda expresamente la cooperación y colaboración entre autoridades para mejorar la eficiencia y avanzar hacia enfoques comunes orientados a la promoción de una cultura de la privacidad, la prevención de riesgos y el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía, teniendo en cuenta la creciente complejidad de los tratamientos de datos personales, la aceleración de la innovación tecnológica y su impacto transversal en la sociedad.

Uno de los ejes centrales de este compromiso institucional es "el impulso de una cultura de la privacidad, con la promoción activa de la concienciación social y el conocimiento de este derecho".

En paralelo, la declaración recoge la promoción del cumplimiento normativo. Para ello, se prevé intensificar la elaboración y difusión de guías, directrices y herramientas prácticas dirigidas especialmente a organizaciones con recursos limitados, como pymes, micropymes, entidades del tercer sector, pequeños municipios o sectores de especial complejidad.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El texto también reconoce el papel estratégico de las personas delegadas de protección de datos y profesionales de la privacidad. Estas figuras son consideradas esenciales para garantizar la aplicación efectiva del RGPD en las organizaciones, y por ello se comprometen a reforzar su posición impulsando redes de colaboración y espacios de intercambio de conocimiento.

Otro ámbito prioritario es la protección de los colectivos vulnerables en los entornos digitales. La declaración prevé actuaciones específicas dirigidas a la infancia y la adolescencia, así como a personas mayores o víctimas de violencia de género. Se presta especial atención al ámbito educativo y al uso de tecnologías como la inteligencia artificial.

La anticipación de riesgos asociados a tecnologías emergentes constituye igualmente una línea de actuación destacada. Las autoridades apuestan por enfoques prospectivos que permitan identificar y analizar de forma temprana los riesgos que estas tecnologías puedan plantear para la privacidad de las personas. Para ello, se reforzará el intercambio de información y conocimiento técnico entre autoridades, promoviendo la puesta en común del trabajo realizado.

"Con esta declaración, las autoridades de protección de datos reafirman su voluntad de avanzar de forma conjunta hacia un modelo de gobernanza que sitúe la privacidad en el centro del ecosistema digital, consolidando un marco de derechos que responda a los desafíos de una sociedad cada vez más interconectada y tecnológicamente compleja", señalan en la declaración.