En un auto con fecha de ayer, al que tuvo acceso Servimedia, el juez decreta la remoción de su cargo y funciones a los administradores actuals de Transáfrica S.A. y nombra a otros dos judiciales, que podrá "realizar, conforme a los usos mercantiles, los actos de dirección, administración y disposición que fueran convenientes".

El juez señala que esta medida se levantará "tan pronto desaparezcan las circunstancias que impiden la salvaguardia de los derechos de los perjudicados en la presente causa", unos 6.000 accionistas, y que, en todo caso, durará "un máximo de cuatro meses".

García-Castellón considera que la administración judiciales una medida necesaria para "garantizar las deudas" de Pescafina S.A., compañía mayorista de pescado propiedad de Transáfrica S.A.

"Esta medida está totalmente justificada en la manifiesta imposibilidad de llevar a cabo la amplición de capital establecido en el mencionado convenio (de la mayorista de pescado), lo que necesariamente podría acarrear como consecuencia inmediata el estado de quiebra técnica y liquidación de Pescafina S.A., situación que por medio de esta medida cautelar se pretende evita como finalidad primordial", argumenta el juez instructor del "caso AVA".

Asimismo, García-Castellón agrega que, de no decretarse la administración judicial de Pescafina, "se produciría la pérdida del activo trabado en favor de los perjudicados en las presentes actuaciones, junto con la inevitable carga social que supone la pérdida de puestos de trabajo y la desaparición de una sociedad en plena actividad".

El juez investiga la apropiación de 16.638 millones de pesetas de inversores que confiaronsu dinero a la Agencia de Valores Aragonesa (AVA). Esta, a su vez, lo confió al banco Socimer, propiedad de Transáfrica, que utilizó el dinero para comprar el banco argentino Medefín -en quiebra técnica-, con el conocimiento de Andre&Cie.

En este caso, que saltó a la luz pública en marzo de 1998, están imputados el máximo responsable de la AVA, Eugenio Salazar, así como varios miembros del consejo de administracion de esta sociedad, a la que investiga, junto con Socimer Internacional Bank Limited y Trnsáfrica S.A por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad.