En la Cámara Alta, el PP cuenta con mayoría absoluta, donde presentó cinco enmiendas, por lo que podrá incorporar sus cinco enmiendas si mantiene su criterio, que recoge criterios de proporcionalidad en la aplicación de las medidas, concentrando las consecuencias más intensas en los incumplimientos de mayor entidad y reiteración. Así, sugiere limitar la consideración del incumplimiento de la cuota como infracción muy grave. Se aplicaría a empresas de 250 o más trabajadores cuando hayan sido sancionadas previamente por el mismo incumplimiento y vuelvan a cometerlo dentro del plazo establecido.

También pide que la Inspección de Trabajo publique anualmente información detallada sobre sus actuaciones, infracciones y sanciones, así como sobre las dificultades que alegan las empresas para cumplir la cuota, incluida la falta de candidatos o de perfiles profesionales adecuados. Igualmente, plantea incorporar estas dificultades al seguimiento de la ley.

Asimismo, propone establecer durante los primeros doce meses una prioridad para los requerimientos de subsanación dirigidos a empresas que acrediten que están realizando actuaciones para cumplir la cuota.

Apuesta por crear un Plan Estatal de Formación y Cualificación Profesional para Personas con Discapacidad, con programas sectoriales de formación, itinerarios de recualificación, formación dual y prácticas profesionales adaptadas.

INCENTIVOS Y SUBVENCIONES

Por su parte, el PNV quiere que empresas sancionadas por incumplimientos graves en materia de discapacidad, discriminación, acoso o dignidad puedan acceder a determinadas subvenciones públicas. Asimismo, reclama incentivos en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas que superen la cuota legal de contratación de personas con discapacidad.

En otro orden de cosas, de manera transaccionada con otros partidos, propone excluir del IRPF las compensaciones económicas destinadas a las víctimas del amianto o de la talidomida, para evitar que estas indemnizaciones tributen como renta.

De su lado, ERC y Bildu también presentaron enmiendas, que defienden reforzar la referencia de empleo inclusivo, campañas de sensibilización sobre la inclusión de la discapacidad en el mercado de trabajo ordinario y probar que las medidas alternativas al 2% son efectivas y excepcionales.

Además, buscan que los datos sobre inspecciones, infracciones y sanciones se publiquen desglosados por sectores, tamaño de empresa, territorio, sexo, edad y tipo de discapacidad. También instan a añadir información sobre las empresas que cumplen la cuota mediante medidas alternativas y comparar las condiciones salariales y laborales de las personas con discapacidad en el empleo protegido y en el empleo ordinario.

MÁS CONTROL Y TRANSPARENCIA

De igual modo, abogan por que no haya que esperar tres años para conocer los resultados de la ley, por lo que el Gobierno debería publicar informes de seguimiento anuales hasta que se lleve a cabo la evaluación integral prevista tras el primer trienio.

El PSOE y Sumar rechazaron las medidas del PP porque defienden que se cumpla la norma sin discutir por “migajas”, mientras que el PP lamentó que no fuera un “debate amable” pese a estar “de acuerdo en la esencia de la ley”.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) lleva tiempo defendiendo una reforma legal en este sentido. La entidad subrayó que el objetivo debe ser que la cuota de reserva opere como un “instrumento efectivo” de inclusión laboral en el mercado ordinario, en coherencia con el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la reforma del artículo 49 de la Constitución Española.

Asimismo, considera relevante que la futura norma incorpore mecanismos que permitan conocer de forma periódica y rigurosa el grado de cumplimiento de la cuota, las actuaciones inspectoras realizadas, las infracciones detectadas y las medidas alternativas utilizadas, de manera que pueda evaluarse el impacto real de las políticas públicas en materia de inclusión laboral.