En una situación atípica, PP, PSOE y Más Madrid se pusieron de acuerdo este lunes para cambiar la forma de gestión de Mercamadrid. Que a partir del 1 de enero tendrá una gestión directa a través de una sociedad mercantil local.

El objetivo es garantizar la continuidad de la actividad en la unidad alimentaria a largo plazo y reforzar la seguridad jurídica del tejido empresarial que opera en el recinto. También evitar la falta de inversiones en la infraestructura a raíz del horizonte temporal de 2032 que no permitía amortizar dichos proyectos. La concejala de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento, Engracia Hidalgo, aseguró que la “limitación temporal impacta de forma directa y extremadamente negativa sobre todos los sujetos intervinientes en el sistema de gestión de Mercamadrid”, es decir, que “la incertidumbre afecta tanto a los operadores mayoristas como a la propia empresa”.

Explicó que tras repasar todos los escenarios posibles de un proceso en el que fracasaron otros equipos de Gobierno “lo más recomendable de las alternativas posibles pasa por acordar la resolución anticipada del contrato de concesión con Mercamadrid, procediendo a la amortización de las acciones titularidad de los socios privados y la transformación y ejecución de mutuo acuerdo de Mercamadrid en una sociedad mercantil local”.

Hidalgo además avanzó que en el primer trimestre de 2026 se someterá a votación en el Pleno la propuesta de modificación tanto del reglamento de prestación de servicio de MercaMadrid como las normas de funcionamiento para los usuarios de la zona”. Asimismo en el primer semestre se presentará el plan estratégico de MercaMadrid.

"POLÍTICA ÚTIL"

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, Enma López, aseguró que el de hoy es “uno de esos días que se deberían repetir más en el Ayuntamiento”, “un día de política útil, de acuerdos y de recuperar y de cumplir acuerdos pasados”.

Aseguró que aunque “parecía imposible” llegar a este acuerdo se hace con tiempo para que los empresarios se puedan adaptar al cambio “se garantiza la continuidad en la actividad de la unidad alimentaria que es fundamental” y se evoluciona hacia la gestión a través de una “empresa pública”.

En la misma línea, la concejala de Más Madrid, Sara Ladra, agradeció el “talante y la actitud siempre colaboradora del coordinador general de contratación y política financiera José Canal”. Añadió que el cambio de modelo es “óptimo tanto para Mercamadrid como para los madrileños”. De la infraestructura alimentaria ensalzó su actuación durante la pandemia y su papel para “sostener el pequeño comercio”.

Solo la edil de Vox, Arantxa Cabello, se manifestó en contra de la medida porque considera que Mercasa, que participa de la gestión actual, está “inmersa en múltiples procedimientos de corrupción” por ser una empresa que pertenece a la SEPI. También aseguró que una de las modificaciones legales que conlleva este cambio abre la puerta a que la SEPI “en caso de disolución”, se pudiera “quedar con todos los terrenos y con todas las construcciones de Mercamadrid”