En una misiva fechada el 19 de mayo, Maíllo recordó que, según la ley, "corresponde a los delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana". La concejala detalló que desde que Aguirre asumió el cargo en marzo de 2023, los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias en la ciudad han aumentado un 18%, pasando de 1.838 casos en 2023 a 2.167 en 2025.

Asimismo, la concejala de San Blas-Canillejas destacó que los datos a 5 de mayo muestran un incremento del 16% en las atenciones del Samur-Protección Civil por heridas de arma blanca, con más de 130 intervenciones y dos fallecidos, y un crecimiento del 51% en el tráfico de drogas en la ciudad, que afecta de manera "especialmente intensa" al entorno del parque. Maíllo calificó de "llamativo" que el delegado, en su carta, requiriera información sobre servicios municipales en lugar de responder a los problemas de seguridad, que son de su "exclusiva competencia".

Por todo ello, la concejala reiteró la solicitud de constituir una Comisión Técnica sobre esta problemática y anunció la convocatoria del Consejo y la Junta Local de Seguridad del distrito para el próximo 22 de junio. Además, insistió en la aplicación de medidas aprobadas en el Pleno del distrito en septiembre de 2024, como el "refuerzo de medios materiales para la Policía Nacional", "cambios legislativos" y la "actualización del Plan Nacional sobre Drogas", que siguen sin respuesta por parte de la Delegación del Gobierno.