La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, informó este jueves a la Junta de Gobierno sobre los datos de contratación pública del consistorio en 2025. En rueda de prensa, la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, destacó que la reducción en el número de expedientes, de 11.068 en 2024 a 9.610 en 2025, no supuso una menor capacidad de actuación, sino una mejora en la planificación y una racionalización de la contratación.

Sanz explicó que este cambio se debe a un mayor peso de los procedimientos abiertos, los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición, junto a una reducción sostenida de la contratación menor. En concreto, los contratos menores disminuyeron un 14% en 2025 respecto a 2024, acumulando una caída del 30% desde 2021, al pasar de 6.644 a 4.651.

Uno de los datos más relevantes del informe es la mejora de la concurrencia. El promedio de licitadores por procedimiento subió de 3,68 en 2024 a 4,56 en 2025. Además, el porcentaje de licitaciones con una sola oferta se redujo al 19,11%, recuperando niveles similares a los de 2021, lo que, según el informe, refleja un diseño de licitaciones más abierto y competitivo.

Por tipología, los contratos de servicios representaron el 60,56% del gasto total, con 1.523,5 millones de euros. Los suministros sumaron 402,8 millones y las obras, 589,3 millones. Las áreas de Gobierno concentraron el mayor volumen económico (1.469 millones), seguidas por las empresas municipales (518,9 millones), los distritos (267 millones) y los organismos autónomos (261 millones).

El informe también subraya el papel de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyeron el 65,15% de los 3.991 adjudicatarios únicos, una cifra por encima del umbral europeo de desempeño satisfactorio. En cuanto a la agilidad administrativa, la duración media de los procedimientos de adjudicación fue de 102 días, por debajo de los 120 días que la Comisión Europea considera un umbral satisfactorio.

En el ámbito social, el 78,62% de los contratos mayores incorporaron cláusulas de esta naturaleza y la ejecución de contratos reservados a centros especiales de empleo y empresas de inserción alcanzó los 10,8 millones de euros. En materia de seguridad jurídica, solo se estimaron ocho de los 77 recursos presentados ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, lo que supone que el criterio municipal se confirmó en el 89,61% de los casos.