Así lo expresó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de que se confirmara la sentencia a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño desestimando los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal, el Ayuntamiento de Madrid, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. y las acusaciones populares. El tribunal confirmó en su integridad la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que culpa a Luceño por un delito fiscal.

Sanz recordó que lo que hizo el Ayuntamiento de Madrid fue adherirse al recurso presentado por la Fiscalía y que, una vez se ha rechazado el recurso, solo queda la vía del recurso de casación, que es algo “muy tasado”, por lo que es una cuestión “estrictamente técnica y jurídica”.

Así, expresó que “quienes tendrán que decidir si efectivamente hay algún tipo de viabilidad incluso de que se acepte ese recurso de casación o no la hay” serán los servicios jurídicos, porque si no hay viabilidad de que se acepte “no se irá” a ese recurso. Apuntó que más allá de la casación “no queda" ninguna vía, pero subrayó que dependerá del criterio de los servicios jurídicos.