Los socialistas defendieron que se habilite una vía de intermediación institucional respecto a las operaciones inmobiliarias que afectan particularmente a la Fundación Fusara y a la Fundación La Caixa, aunque existen diferencias entre la naturaleza de ambos casos. Ya que las casas de Fusara, aunque cuentan con alquileres con un precio por debajo de mercado, no son viviendas concebidas para ser un alquiler social, según relataron a Servimedia fuentes cercanas a la fundación.

En cualquier caso, los socialistas quieren que se intermedie en los casos en los que grandes fondos rechazan ampliar contratos a vecinos que llevan años viviendo en sus edificios para subir los precios o para cambiar el uso residencial del inmueble.

Así, buscan "proteger a las familias residentes, garantizar la continuidad del uso residencial de los inmuebles y promover soluciones negociadas que eviten desahucios o pérdidas de vivienda asequible".

El objeto de su iniciativa también pasaba por impulsar la creación de un Protocolo Municipal de Protección frente a la venta de viviendas con uso social, que establezca mecanismos de acompañamiento, información, mediación y evaluación social en toda operación que pueda afectar a familias residentes, con el fin de prevenir", de nuevo, "desahucios, cambios de uso especulativos y pérdida de vivienda asequible".

También exigía que el Consistorio ejerciera de forma prioritaria los derechos de tanteo y retracto en transmisiones de edificios o conjuntos residenciales con contratos de alquiler social, incorporando dichas viviendas al parque público municipal.

El delegado del Área de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, acusó a los socialistas de "tener la cara de cemento armado" porque el Gobierno de España "ha hecho cero viviendas en 7 años" en Madrid. "Reclaman al Ayuntamiento de Madrid lo que ustedes no quieren hacer, que es asumir su responsabilidad como Gobierno de España".

El concejal socialista Pedro Barrero lamentó que en "apenas unos meses 570 familias han sido empujadas al borde del abismo" viendo como "el derecho a una vivienda digna convierte en mercancía". "Renuncian a aplicar la ley de vivienda, ponen trabas deliberadas y vuelven a demostrar que ni quieren, ni saben, ni les importa proteger a estas familias madrileñas frente a la especulación", zanjó.

En su segundo turno de réplica González reprochó que la Sareb, propiedad del Estado "quiere echar a vecinos de Argüelles y Carabanchel" mientras el PSOE "calla".