Así se desprende del balance de gestión que se presentará en el Consejo Rector de la Agencia de Actividades el jueves. A lo largo de 2025, el Ayuntamiento de Madrid provocó que 323 viviendas de uso turístico ilegales volvieran a destinarse al uso residencial. Esto supone un 10,2% más que en 2024, año en el que se consiguió que 293 VUT sin licencia recuperaran su uso residencial.

Si se compara este balance con los datos de 2023, la conclusión es que en 2025 se logró devolver al uso residencial un 33% más de VUT ilegales que hace dos años, antes de la puesta en marcha de una batería de medidas en esta materia relacionadas con el endurecimiento del régimen sancionador, la suspensión temporal en la concesión de nuevas licencias, un refuerzo en la plantilla de inspectores y la publicación del listado de las VUT que operan legalmente en la ciudad con el detalle de su ubicación.

En 2025 el número de viviendas inspeccionadas en 2025 se incrementó respecto a 2024 un 169% -al pasar de 567 a 1.526- y el de viviendas detectadas se duplicó (un 116% más, ya que pasaron de ser 623 en 2024 a 1.351 en 2025).

En segundo lugar, en septiembre de 2025 entró en vigor el Plan Reside, una herramienta diseñada con el doble objetivo de proteger el uso de la vivienda habitual y ubicar los pisos turísticos fuera de los edificios residenciales.

En este balance anual respecto a las viviendas de uso turístico, el servicio de Inspección y Disciplina de la Agencia de Actividades recibió 1.408 denuncias relativas a VUT, un 9% más que en 2024. Pese a ese repunte, el informe señala que el número de viviendas denunciadas es menor que en 2024, ya que ese año se recibieron varios escritos de asociaciones de vecinos sobre centenares de viviendas.

En 2025, impusieron 117 sanciones por la implantación y desarrollo de un uso incompatible con la ordenación urbanística, derivado del ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico sin la preceptiva licencia. Se trata de un 27% más que en 2024. De esas sanciones, 7 han sido por valor de 20.000 euros y 110 han sido por valor de 30.000 euros cada una. Una sanción se impuso por valor de 60.000 euros. Se impusieron además 144 multas coercitivas de entre 1.000 y 3.000 euros.

Asimismo, el informe de gestión recoge el inicio de 607 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística. Esto representa un incremento de un 23,8% respecto a 2024, cuando se incoaron 490 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística. La agencia dictó el pasado año 502 resoluciones, ordenándose el cese de 315 VUT y archivando por restablecimiento de la legalidad otras 137 al no dedicarse ya al uso turístico.