La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y las localidades de más de 20.000 residentes con episodios de mala calidad del aire a poner en marcha esas áreas antes de 2023.

Sin embargo, el secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, ha trasladado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la necesidad de ampliar ese plazo “por imperativo de los plazos administrativos”.

Casares, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada este jueves telemáticamente, informó a Ribera de las observaciones realizadas por la FEMP, a través de su Junta de Gobierno y sus comisiones de Medio Ambiente y de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, relativas al borrador de real decreto que contempla la entrada en vigor de las ZBE para el 1 de enero de 2023.

Así, manifestó la preocupación de las entidades locales por los plazos contemplados, pues, según apuntó, “solo el recorrido administrativo implica un mínimo de cuatro meses entre la elaboración de los textos de la ordenanza, los informes preceptivos de los servicios de intervención y jurídicos o el periodo de información pública”. “Pasaría en torno a un año desde la entrada en vigor de la ley y su puesta en funcionamiento”, añadió.

Casares solicitó que las observaciones de la FEMP sean tenidas en cuenta y “se amplíen los plazos o no será posible cumplir con el real decreto”. “Tiene que haber sintonía entre la norma y su ejecución, tal y como hemos hecho constar desde la Junta de Gobierno de la Federación, y consideramos necesario ampliar los plazos”, sentenció.

Para la implantación de las zonas de bajas emisiones se han habilitado dos partidas de fondos europeos. La primera, del año pasado, incluye 1.000 millones de euros para municipios mayores de 50.000 habitantes o capitales de provincia, municipios mayores de 20.000 habitantes con más de 36.000 unidades catastrales y dispongan de servicio de transporte público, y agrupaciones de municipios siempre que todos ellos cumplan las características anteriores.

Y una segunda convocatoria, de este año, prevé una partida de 500 millones de euros y los mismos beneficiarios que la anterior. Según la FEMP, esas partidas de 1.500 millones quedarían sin ejecutar si no se retrasa la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones.