Así lo afirmó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se celebró de manera extraordinaria en el municipio de San Sebastián de los Reyes.

“Nuestro país se encuentra en una situación inédita al tener a la cabeza del Gobierno de la nación a un presidente que abiertamente se ha situado por encima de la ley”, apuntó Ayuso, quien añadió que, “con su esperada pretensión de indultar al fiscal general del Estado, está mandando un mensaje al Supremo y a todos: ‘nadie está a salvo de nosotros y quien lo intente será aniquilado’”.

La presidenta regional denunció que “esta burla a la ley y este homenaje a la impunidad lo vemos también en el anuncio de regularización de medio millón de inmigrantes que se encuentran en situación ilegal actualmente en España” en un proceso que “no pasa por las Cortes, que no se vincula al mercado de trabajo y que va a crear graves dificultades para gestionar algunos servicios públicos”.

La presidenta regional constató que esto, “sin duda, redunda en un sobrecoste de la administración”, puesto que a estas personas “se las atendían con los servicios de emergencia, de urgencia, en la sanidad o, por ejemplo, en la educación obligatoria”.

Pero remarcó que ahora se añaden otras prestaciones mientras el Gobierno “va dando las cifras a vuela pluma”, porque “pueden ser 500.000 y, según Funcas, podríamos llegar a las 850.000”, por lo que consideró que el Gobierno “no sabe ni las cifras de las que habla” porque “opera sin el más mínimo rigor”.

Ayuso incidió en que “estamos hablando, por ejemplo, de residencias de ancianos, acceso a la dependencia, vivienda pública o educación obligatoria”, pero recalcó que esto “se está haciendo solo con fines electoralistas sin ningún rigor”.

La líder del Ejecutivo madrileño apuntó que “esto es sencillamente una trampa para provocar, que puede alterar el censo electoral y que responde a los socios de la parte de Podemos”, por lo que se preguntó “qué dice Junts de este asunto”.

Lo dijo a pesar de que en España los ciudadanos extranjeros en situación legal únicamente pueden votar en las elecciones municipales, y siempre que exista convenio de reciprocidad con el país de origen. Para votar en otros comicios es necesario tener la nacionalidad española.

“Es corrupción de Estado, porque están mercadeando presos, presupuestos, escaños y asientos en empresas públicas y privadas previamente colonizadas para después encontrarnos en los desastres que estamos viendo como, por ejemplo, el ferroviario”, aseveró.

En este sentido, Ayuso consideró que además es “profundamente injusto” con las personas que ya llevan tiempo en España “trabajando, cumpliendo las leyes, sabiendo esperar y trabajando”. Además, “es un proceso que va contra la labor de policías y de jueces que ya han alertado sobre ello”, comentó.

“Es un proceso que está lleno de mentiras”, porque estas personas “no carecen de derechos básicos”. “No estamos a favor de las regularizaciones masivas, como ha planteado el Gobierno, pero tampoco de las expulsiones masivas, porque nada exaltado lleva a ningún buen puerto”, concluyó.