Así lo apuntó en un mensaje en redes sociales y durante la segunda sesión del Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, donde anunció que el Gobierno regional presentará alegaciones ante la Junta Electoral Central para exigir que el censo electoral en la región solo pueda ampliarse con votantes del exterior que acrediten documentalmente que su última residencia fue en Madrid.

Ayuso declaró que lo hará tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la inscripción en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) de las personas que obtuvieron la nacionalidad española a raíz de la conocida como 'ley de nietos'. “El fin es evitar que el Gobierno central manipule estas cifras aplicando esta normativa”, señaló.

La presidenta regional comentó que, “constatada esa ilegal alteración del censo electoral que ha promovido el Gobierno central a través de una instrucción a la llamada 'ley de nietos', la Comunidad de Madrid va a presentar alegaciones ante la Junta Electoral Central”.

De esta forma, comentó que “no deberán tenerse en cuenta otros criterios distintos como los establecidos por el Acuerdo de la Junta Electoral Central en relación con la llamada 'ley de nietos' con conceptos indeterminados como los de “mayor arraigo”, que irían en contra del Estatuto de Autonomía.

TRABAJO DESDE 2025

Fuentes del Gobierno regional señalaron que Ayuso lleva trabajando sobre este tema desde diciembre de 2025, cuando alertó a su equipo de las pretensiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer usar esa disposición “para hacer ingeniería electoral y mover los censos para su beneficio ante un PSOE a la baja en respaldo electoral”.

Esto derivó en la conformación de un “grupo de trabajo de élite para vigilar, analizar y preparar medidas legales y políticas ante la aplicación de la 'ley de nietos' con jurídicos, expertos en procesos electorales, en voto exterior, exdiplomáticos y expertos en análisis de datos”.

Entre los temas que se están trabajando se encuentran posibles acciones judiciales, trabajo de supervisión y vigilancia en los expedientes que se van tramitando, generación de equipos de voluntarios en las zonas más sensibles donde el Gobierno está acelerando procesos e incrementando personal (Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, EE.UU o Reino Unido), supervisión de los contratos de externalización como el que se ha realizado con Tragsatec para la gestión de expedientes de nacionalización, concluyen.