Madrid

Ayuso ultima un decreto que reducirá en hasta dos años la tramitación de instalaciones de alta tensión en infraestructuras críticas como colegios y hospitales

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SERVIMEDIA

La Comunidad de Madrid está ultimando la aprobación de un decreto con el que se podrá reducir en hasta dos años la tramitación de instalaciones de alta tensión en infraestructuras críticas como las subestaciones de transformación, necesarias para el correcto suministro eléctrico de colegios, hospitales o centros de procesamiento de datos.

Así lo anunció este jueves en la primera jornada del Debate del estado de la Región. Esta modificación beneficiará a más del 20% de las 1.500 autorizaciones que se resuelven actualmente.

Esta normativa, que está previsto aprobar el próximo mes de octubre, sustituirá al actual Decreto 70/2010, adaptándolo a las nuevas tecnologías y al auge de renovables en la región. El objetivo de esta actualización es eliminar trabas administrativas y facilitar la implantación de nuevas infraestructuras eléctricas.

Se trata de una regulación clara, ágil y orientada a la inversión, en un contexto nacional de ineficiencia y saturación de normas. Para ello, simplificará los procedimientos de autorización, comunicación, verificación e inspección de las instalaciones de alta tensión. En este sentido, el Ejecutivo autonómico consiguió reducir en otros dos años la tramitación de este tipo de infraestructuras, gracias a la eliminación de los Planes Especiales en las redes eléctricas de distribución y transporte.

Esta iniciativa refuerza la apuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid por un sistema energético moderno, competitivo y alineado con las necesidades del tejido productivo, hacia un modelo económico y social descarbonizado.

DESMANTELAMIENTO

Asimismo, el nuevo marco introduce medidas para garantizar una correcta retirada de las instalaciones de energías renovables, al final de su vida útil. En concreto, se establece la obligación de aportar una garantía económica para aquellas de producción, almacenamiento o autoconsumo con excedentes, que se sitúen en el suelo y que hayan pasado por un proceso de evaluación ambiental.

De este modo, servirá para asegurar que, cuando llegue el momento de desmontar este tipo de infraestructuras, exista un fondo suficiente para que un tercero cualificado pueda encargarse del desmantelamiento y la restauración del terreno afectado.

(SERVIMEDIA)
11 Sep 2025
AGC/DSB/mjg