Así lo subrayó este jueves la presidenta de la asociación, Olga Ruiz, en una rueda de prensa en la que presentó el balance de las consultas y reclamaciones que los usuarios presentaron en la organización durante el último año, según el informe ‘¿Qué denuncian los consumidores?’.

En concreto, a lo largo del pasado ejercicio los equipos jurídicos de Facua abrieron 8.029 expedientes de reclamación en representación de sus asociados y la cifra de consultas planteadas por los consumidores alcanzó las 34.858.

Por sectores, el de la banca recibió el 20,8% de las reclamaciones abiertas en el último año y los “principales motivos” siguieron siendo la “negativa” a devolver gastos de formalización de hipotecas cobrados “ilegalmente”, la aplicación de intereses “usureros” en préstamos, el cobro “irregular” de comisiones y la “dificultad” para que los bancos “devuelvan cargos fraudulentos” realizados en cuentas y tarjetas como “consecuencia del robo de datos por parte de terceros”.

Este sector “recupera” así el primer puesto que ya obtuvo en 2021, “desplazando” al de la compra y reparación de vehículos, que en 2022 fue el que “más denuncias acumuló”, según la asociación.

Por su parte, el sector de la energía repitió en el segundo puesto, tras “escalar” desde la cuarta posición de 2021, con un 15,3% de reclamaciones. Según el informe, las compañías de luz y gas han “provocado multitud de denuncias” por la existencia de “irregularidades” en las facturas, subidas tarifarias “contrarias” a la legislación que “no se corresponden” con las contratadas, la “no entrega de facturas durante meses” o los “problemas” que ponen las empresas a los usuarios que quieren cambiar a la tarifa semirregulada de luz y regulada de gas.

RESTO DE SECTORES

El tercer lugar lo ocuparon las telecomunicaciones, sector que asciende desde el cuarto puesto, con un 9,1% de las reclamaciones y, entre los motivos, Ruiz destacó “incumplimientos” de ofertas promocionales, subidas “ilegales” de tarifas y cobros por servicios “no solicitados”, además de “abusos” al “intentar” darse de baja o aplicación de penalizaciones que “no se corresponden con lo establecido legalmente por esas bajas”.

El cuarto puesto lo compartieron los transportes, “fundamentalmente” el aéreo, y el sector de los seguros, ambos con un 9% de reclamaciones. En el caso de los seguros, la mayor parte de dichas reclamaciones estuvieron motivadas por subidas de primas “no notificadas y desconocidas” por parte de los consumidores y por las “faltas de coberturas de siniestros pese a tenerlas contratadas”.

Los problemas vinculados a fallos y al “incumplimiento” de garantías en la compra de electrodomésticos y aparatos electrónicos se situaron en la quinta posición, con un 4,2% del total de reclamaciones y seguidos “muy de cerca” por la compra y reparación de vehículos, que cayó hasta el sexto puesto, con un 4%, por "problemas" con talleres de reparación, "incumplimiento" de las obligaciones y compra de vehículos "vinculada" al cartel de coches, si bien se encuentra “muy lejos de la primera posición que ocupó en 2022”, según el informe.

CONSULTAS

En paralelo, los sectores por los que los consumidores plantearon “mayor porcentaje” de consultas sobre sus derechos en Facua fueron los suministros energéticos (16,1%), la banca (14,5%), los seguros (8,4%) y las telecomunicaciones (8,3%).

En este contexto, Ruiz criticó la falta de “valentía y eficiencia” en el desarrollo y aplicación de las políticas públicas de protección de los consumidores, así como la “inacción” de las autoridades autonómicas competentes frente al “gran cumulo de fraudes y abusos” que, a su juicio, se dan en el mercado “diariamente”.

“No se destinan recursos suficientes a la protección de los consumidores y no hay una hoja de ruta clara por parte de las autoridades”, advirtió, al tiempo que demandó “más recursos y mayor eficiencia y eficacia en el control del mercado para evitar que se produzcan abusos a los consumidores” así como sanciones para las empresas que los cometen.

En este sentido, también reivindicó la aplicación de un procedimiento sancionador para las compañías “incumplidoras y que cometen irregularidades” que sea “realmente disuasorio, con sanciones disuasorias y que eviten la repetición de conductas abusivas” así como “mayor nivel de transparencia” por parte de las autoridades con competencia en la materia en su acción de control del mercado y en torno a las sanciones impuestas.

Por último, dijo “esperar” que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 “asuma su responsabilidad, dé respuesta a las numerosas denuncias interpuestas por la asociación contra empresas que vulneran la legislación de defensa de los consumidores y cometen irregularidades por todo el territorio, lleve a cabo la apertura y tramitación de expedientes sancionadores y multe frente a los abusos generalizados que muchas empresas cometen”.