Así lo recoge el organismo en un artículo elaborado por Lucas García Calvo y por Diego Hernández García y recogido en la Revista de Estabilidad Financiera de Primavera publicada este lunes.

El artículo advierte de ciertos riesgos de las ‘stablecoins’. Avisa de que, si llegan a facilitar de manera generalizada pagos nacionales o transfronterizos, “los efectos de red podrían acelerar la sustitución de las monedas locales”. Esto también supondría que los efectos de la política monetaria se atenuaran, lo que conllevaría “respuestas más contundentes a la inflación”.

El posible alcance y uso en múltiples jurisdicciones de una ‘stablecoin’ global puede llegar a otorgarle importancia sistémica en varias de ellas, según advierten. El artículo recuerda que la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB, por sus siglas en inglés) se ha pronunciado en contra de la admisibilidad de estos esquemas de emisión en múltiples jurisdicciones sin que exista un marco regulatorio que prevenga los potenciales efectos negativos.

También avisan de que la expansión de este tipo de moneras “podría reducir la base de depósitos bancarios o alterar su composición” en un escenario en el que los depósitos de los hogares y las empresas sobre el total de activos en los principales grupos bancarios europeos se sitúa entre el 31% y el 55 %, y en España es del 51%.

No obstante, recuerdan que el reglamento europeo MiCA, que alcanza a este tipo de monedas, exige que al menos el 30 % de la reserva esté constituida por depósitos bancarios denominados en la misma moneda que la ‘stablecoin’.

Otros aspectos que generan riesgos es permitir el cobro de comisiones o los plazos de reembolso, que, según los autores, pueden dar lugar a arbitraje entre titulares y operadores, generando desequilibrios.

Los autores comparan la regulación de criptoactivos y de las ‘stablecoins’ en Europa, MiCA, con la regulación Genius en Estados Unidos y las reglas en Reino Unido y señalan que las diferencias “no son tan grandes y, por tanto, no son insalvables”. La respuesta regulatoria pasa por alcanzar una armonización internacional a nivel regulatorio y una coordinación supervisora en torno a regímenes de equivalencia y reciprocidad, lo que “se podría superar mediante acuerdos de cooperación o el establecimiento de colegios supervisores, aunque para ello sería necesaria una voluntad política”.