Así lo precisó este martes la entidad en un comunicado en el que añadió que solo a un tercio de los requeridos les pareció “adecuada” la petición mientras que a los dos tercios restantes les pareció “improcedente y algo excesivo”.

De este modo, dos de cada tres de sus socios “ven inaceptable que su banco les pida la declaración del IRPF”, pese a lo cual el 91% accedió al requerimiento enviando su declaración y, para la OCU, “lo alarmante" es que, de los socios que no accedieron a enviar nada, "a 10 de ellos les bloquearon la cuenta corriente”.

Tras reconocer que la normativa obliga a las entidades a identificar a los clientes, su actividad profesional o empresarial y, en su caso, al titular real de los bienes, con la finalidad de “detectar" cualquier operación "sospechosa" de estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, la asociación advirtió de que este amparo legal “no puede servir de escudo para solicitar documentos”, como la declaración del IRPF.

En ellos aparecen datos de carácter personal que están “altamente protegidos” por la normativa de protección de datos, según puntualizó la organización, que recordó que, además, esa petición “suele ir acompañada de una amenaza de bloqueo de la cuenta corriente del usuario”.

OCU ha denunciado esta práctica al supervisor bancario, si bien el Banco de España considera “adecuada” la petición de la declaración de la Renta y “cualquier otra certificación de ingresos”. “Eso sí, antes de proceder al bloqueo de la cuenta considera necesario avisar y justificar las razones”, abundó la OCU, que lamentó que se trata de una postura “que no ha modificado” a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 por la que se le prohibió exigir a sus propios trabajadores la entrega de la declaración del IRPF en procesos de verificación de operaciones financieras privadas por “vulnerar el derecho a la protección de sus datos personales”.

En este punto, la OCU juzgó que la petición de la declaración de la Renta en la “mayoría” de los casos “no supera el triple juicio constitucionalmente exigido de ser idónea, necesaria y proporcionada”. Por ello, exigió una “modificación” normativa para que la solicitud de “cualquier documentación complementaria que vaya más allá de su mera identificación” esté “restringida" y pueda hacerse "solo cuando las actuaciones del cliente estuvieran tipificadas como sospechosas de blanqueo u otras actividades ilícitas”.