Bañez, quien pronunció estas palabras durante el cierre de una jornada informativa para analizar el impacto de la Ley Europea de Accesibilidad en empresas y servicios esenciales organizada por CEOE y Fundación ONCE, se mostró orgullosa del modelo de Economía Social de Mercado vigente en la Unión Europea y celebró que Europa tenga una legislación "mucho más avanzada" en este aspecto que Estados Unidos o China.

"Esta ley se ha hecho en base al modelo clásico europeo. Pensando en las personas y la igualdad de oportunidades, identificando un problema como es la fragmentación de las normas del mercado único y las barreras de accesibilidad de las personas, lo que genera costes entre las empresas", señaló la exministra, quien defendió un equilibrio entre derechos y viabilidad económica y señaló que esta ley se ha hecho contando con las empresas "desde el primer momento".

Por otra parte, indicó que con esta ganan las personas (especialmente las personas mayores, las que tienen algún tipo de discapacidad y aquellas con baja alfabetización digital), ganan los consumidores en general y ganan también las empresas. "En particular, se benefician las que pueden unificar sus productos, las que venden a la administración pública y aquellas que entienden la accesibilidad como una ventaja competitiva", indicó.

También señaló que gana la Unión Europea, al "impulsar estándares globales y reforzar el posicionamiento de sus marcas" y toda la sociedad, al situarla a la vanguardia de la transformación digital.

AVANZAR EN POLÍTICAS REALISTAS

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, defendió la necesidad de avanzar en políticas de accesibilidad realistas y cumplibles, alertando de que “en España somos expertos en tener más leyes de las que cumplimos, y eso no es bueno”.

En su discurso, puso en valor la capacidad del sector social, y en particular del movimiento organizado de la discapacidad, para generar consensos amplios y cambios estructurales, como ocurrió con la reforma del artículo 49 de la Constitución, aprobada con un respaldo mayoritario. A su juicio, esa legitimidad debe utilizarse con “sentido común”, priorizando “lo posible frente a lo deseable” para evitar marcos normativos de difícil aplicación.

También destacó la importancia de la alianza entre el mundo empresarial y el sector social como una herramienta clave para impulsar tanto la aplicación de las leyes como futuros cambios legislativos. "Estas alianzas generan credibilidad ante las administraciones públicas y actúan como una 'vacuna' frente a prejuicios históricos, tanto hacia la empresa como hacia lo social", destacó.

Por último, animó a reforzar los espacios de colaboración práctica, poniendo a disposición de empresas y entidades la capacidad de Fundación ONCE para conectar productos, servicios y desarrollos accesibles con los colectivos que pueden beneficiarse de ellos. "La ley marca un camino, pero también hay margen para desarrollos voluntarios y estándares sectoriales”, concluyó.