Barbero, al que la sala dio ayer en un auto un plazo "lo más breve posible" para pronunciarse sobre la conveniencia o no de solicitar el suplicatorio a las Cámaras, mantiene mientras tanto la investigación y hoy mismo tomó declaración al director general de la Asesoría de Focsa, Felipe Bernabé García, y al ex presidente de Iberia, Narcís Andreu Muste, que fue socio fundador de Tim Export.

Según los letrados que asistieron a los interrogatorios, el responsable de Foca reconoció que su empresa encargó unos informes sobre las posibilidades de implantación de la sociedad en Francia y Gran Bretaña, pero los estudios no estaban contabilizados y cabía la posibilidad de que hubieran sido destruidos.

Andreu declaró por su parte que desconocía cualquier tipo de irregularidad en la actividad de Time Export, una de las filiales de Filesa, ya que se limitó a participar en la fundaciónde la sociedad en 1979 con la aportación de 100.000 pesetas ya que, al tratarse de una empresa pequeña contó con un capital inicial de 400.000 pesetas.

El vocal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores precisó que su vinculación con Time Export fue mínima porque vendió sus acciones en 1983 a Esteban Borrell y Carles Ponsa.

Las comparecencias continuarán hasta el próximo día 22 sin que el magistrado tenga obligación de suspenderlas, ya que, como explicaron fuentes jurídicas, la sala fijó un lazo concreto al instructor para informar y reconocía por otra parte su derecho a practicar las diligencias que estimara "esenciales".

Fuentes del tribunal informaron a Servimedia que el magistrado ya se ha remitido a la sala para determinar si el informe debe ser presentado en forma de providencia o de auto, lo que evidencia la intención del magistrado de aclarar cuanto antes la situación de los aforados.

En caso de que el magistrado reconozca la existencia de indicios de inculpación en el compotamiento de los parlamentarios deberá solicitar a la sala la tramitación del suplicatorio, ya que sólo el tribunal puede decidir si procede pedir el permiso a las Cámaras para actuar contra aforados.

Sólo ante esta situación la causa quedaría paralizada "hasta que las cámaras resuelvan", tal y como recogía el auto notificado ayer, y no se podría practicar más diligencias que las relativas "a la detención, prisión o procesamiento".

Al tratarse de un procedimiento abreviado no existe auto de proceamiento por lo que, una vez concedido el suplicatorio, Barbero deberá decidir el fin de la instrucción y dar traslado a las partes para que formulen escrito de acusación. Una vez cumplido este trámite, la sala acordaría la apertura de juicio oral o el archivo de las diligencias.

Si por el contrario, Marino Barbero no encuentra indicios suficientes para inculpar a los parlamentarios puede optar por sobreseer la causa y enviar a los juzgados ordinarios el proceso, en el que también están querellados losadministradores de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores.

Un retraso en la elaboración del informe y el consiguiente pronunciamiento sobre la petición del suplicatorio supondría, según las mismas fuentes, un nuevo requerimiento al magistrado por parte de la sala, que en esta ocasión fijaría un plazo para la presentación del informe.