Los conductores detenidos serán juzgados en el plazo de 15 días. La legislación actual prevé sanciones que pueden alcanzar una multa de un millón de pesetas y la retirada del carnet de conducir durante cinco años.

La justicia rápida se aplicará a los conductores en los que se pruebe un nivel de alcohol en la sangre superior a los 1,5 gramos y que coduzcan el vehículo peligrosamente.

También serán susceptibles de ser juzgados quienes superen el grado de 0,8 gramos de alcohol en la sangre y den muestra de un trastorno alcohólico que represente un riesgo para el tránsito o haya sido motivo de accidente.