Según fuentes judiciales, los responsables de la empresa A.P. Müller, propietaria del barco, depositaron 300 millones de pesetas de fianza a la dirección general de la Marina Mercante por posibles responsabilidades de los daños ecológicoscausados, además de otros 455 millones como fianza por daños materiales a la empresa Repsol.

Estas cantidades son las máximas establecidas por un convenio marítimo, y la juez instructora del caso decidió imponerlas en lugar de los 5.000 millones de pesetas que solicitó Repsol por el mismo concepto.

Por otra parte, el Tribunal Marítimo también deberá depositar una cantidad parecida en concepto de fianza solicitada por la compañía de remolcadores que participaron en los trabajos de rescate del buqu accidentado.

El barco tuvo que permanecer inmovilizado en el puerto de Tarragona desde el día en que se produjo el siniestro a pesar de que la empresa propietaria del mismo había solicitado abandonarlo a causa de las fuertes pérdidas económicas que le suponía tenerlo anclado.