Tras dos horas de reunión, un receso de media hora y la reanudación del Pleno, ni siquiera han intervenido los 11 miembros sobre la admisión a trámite del recurso que solicitaba medidas cautelarísimas para paralizar la tramitación de la reforma impulsada por el Gobierno para desatascear la renovación del Constitucional.

Parte de los vocales considera que después de la votación de la norma en el Congreso la pasada semana el recurso de amparo del PP y el que después presentó Vox en el mismo sentido ya han perdido el objeto, mientras que otro sector considera que aún se puede paralizar la tramitación, dado que está pendiente la votación en el Senado el próximo jueves.

Fuentes del TC aseguran que las posturas de conservadores, con seis miembros en el Pleno, y de los progresistas, con cinco, están encastilladas y parecen inamovibles. En caso de que se admitiera la presencia del PSOE y Unidas Podemos en el procedimiento, se tendrían que abordar los distintos escritos que estas formaciones han presentado, entre ellos el de recusación de García Trevijano y Narváez.

El sector progresista sostiene que ambos, con su mandato concluido y pendiente de renovación, deberían apartarse de ‘motu proprio’, porque de no hacerlo se arriesgan a una querella por prevaricación, dado que estarían decidiendo sobre la suspensión de una norma que va a determinar su cese. Sus antagonistas sostienen que su mandato es legítimo. La abstención de los dos magistrados recusados daría la mayoría al sector progresista, lo que sería clave para la decisión sobre el recurso y la cautelarísima.

En caso de que ninguno de los dos decidiera apartarse de forma voluntaria y se admitieran las recusaciones, el Pleno debería nombrar un ponente que hiciera una propuesta de resolución, lo que retrasaría incluso varios meses el procedimiento, dando lugar a la votación entrada en vigor de la reforma.

A la ya de por sí compleja situación se suman los nuevos escritos planteados en las últimas horas por el PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas presentaron el domingo dos escritos de alegaciones y de personación con la petición de rechazo del recurso de amparo del PP, que plantea la cautelarísima de suspensión urgente del texto legal.

El PP pretende que las Cortes no voten las enmiendas que buscan facilitar la renovación del propio órgano de garantías. El escrito del PSOE entiende que de admitirse, el Constitucional “vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes”. Y añade que de admitirse la cautelarísima el TC estaría interfiriendo en la competencia del legislador, algo inédito en las cuatro décadas de democracia.

Los socialistas concluyen que “mientras que las Cortes Generales han mantenido la normalidad reglamentaria en la tramitación legislativa objeto de recurso y han respetado los derechos de todas las formaciones políticas y los principios de contradicción, debate y transparencia, se busca que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento ignorando estos pilares básicos del Estado democrático y de Derecho”.

Además, el PSOE se adhiere en otro escrito a la recusación plateada el pasado jueves por Unidas Podemos contra García Trevijano y Narváez por tener "interés directo o indirecto en el pleito o causa". Y esgrimen que el garante de la pulcritud constitucional n puede “albergar la más mínima duda respecto a la imparcialidad de quienes lo integran”.

Con similar argumento, Unidas Podemos registró este mismo lunes un escrito dirigido al Tribunal Constitucional en el que solicita la presentación de una cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que “entienda y decida sobre una serie de cuestiones prejudiciales que afectan al TC y al desarrollo del Pleno convocado para este mismo lunes”.

La petición tendría que ver con si “la abstención que se preceptúa en la norma nacional (artículo 217 LOPJ) para jueces y magistrados cuando concurra alguna causa de abstención, legalmente establecida, ha de ser de carácter automático o no”, entre otras razones “para no entrar en conflicto con las previsiones establecidas en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.