Michavila acudió hoy al Congreso de los Diputados a entregar a su residenta, Luisa Fernanda Rudi, y a todos los grupos parlamentarios la demanda de ilegalización de Batasuna, que el Gobierno presentó ayer en el Tribunal Supremo.

En declaraciones a los periodistas, el titular de Justicia indicó que la demanda prevé la posibilidad de que se acredite mediante testimonio la "realidad cotidiana que viven muchas personas en el País vasco, que es una realidad de verse amenazados, chantajeados y coaccionados por las violentos y por Batasuna".

Así, la Abogacía del Estao, que ayer presentó la demanda en el Alto Tribunal, no entregó una lista cerrada de personas que puedan declarar en el proceso, sino que dejó la posibilidad de que sea cualquier persona "capaz de acreditar el clima de intolerancia, de intransigencia, de coacción, de violencia, de terror que Batasuna genera entre los ciudanos del País Vasco.

Añadió que la Abogacía del Estado ha mantenido contacto con muchas instituciones y con muchos particulares.

INTENSO TRABAJO

El ministro de Justicia destacóel "intenso trabajo" llevado a cabo por el Gobierno, que presentó esta demanda "tan sólo" nueve días después de que el Congreso lo solicitara.

Michavila resumió en diez puntos los fundamentos de derecho en los que se basa la demanda presentada ayer en el Alto Tribunal, que incluye más de mil elementos que, a juicio del Ejecutivo, prueban que Batasuna es una prolongación de ETA.

Entre los argumentos esgrimidos por el Gobierno, el ministro destacó que la documentación que acompaña la demanda "acredta que Batasuna nació con el propósito de ser instrumento de ETA, que cinco de los siete miembros en el Parlamento vasco tienen antecedentes penales o que en los ayuntamientos donde gobierna Batasuna se manifiesta públicamente el apoyo a la banda terrorista.