En declaraciones a la prensa después de participar en el acto en el que se puso en marcha laCarta de Derechos del Ciudadano, Carnicer dijo que no tiene nada que comentar desde el punto de vista político sobre la querella del Gobierno vasco contra Baltasar Garzón, pero que, desde la perspectiva jurídica, entra dentro de las posibilidades previstas en el Estado de Derecho, ya que ningún ciudadano español, incluidos los jueces, "puede hurtarse a la acción de la justicia".

Según explicó, "los jueces imparten justicia con absoluta independencia, libertad y responsabilidad", pero también "cualquie ciudadano y cualquier institución española puede exigir responsabilidades a cualquier estamento de la justicia".

"Es propio de los sistemas democráticos", añadió, "la crítica a las resoluciones judiciales, y desde luego inherente a lo que es un Estado de Derecho que se puedan recurrir las resoluciones judiciales y se puedan denunciar también las actuaciones que se entiendan irregulares de los jueces".

Al mismo tiempo, el presidente del Consejo General de la Abogacía aclaró que el artículo 118 dela Constitución española "obliga a cumplir con las resoluciones judiciales", sin perjuicio de las acciones legales "que corresponden a cualquier persona o institución frente a lo que consideren un abuso de derecho o una resolución mal fundada".