Pese a esta voluntad política de fondo, los socialistas consideran que la exclusión de Batasuna de las subvenciones públicas por su condición de representantes electos plantea "muchas dificultades" de tipo legal.

Por tanto, distinguen entre "la voluntad política" que exige "un esfuerzo de inteligenca política" para conseguir que la gente que apoya a ETA reciba "la menor cantidad de recursos públicos posibles" y la legalidad en que se puedan apoyar las medidas que se adopten en ese sentido.

En el caso de los parlamentarios que asisten al Parlamento vasco, "la legislación y el Reglamento actual de la Cámara", garantiza que tengan acceso a subvenciones públicas correspondientes.

Pese a ello, el PSE se manifiesta "dispuesto" a analizar todas las iniciativas que se vayan presentando para ir avanando hacia una política que impida a que quien apoya a ETA contar con recursos del Estado, pero con cautela para "no cometer errores ni políticos ni jurídicos".

Recientemente el PP ha presentado con el apoyo del PSOE en el Senado una enmienda a la Ley de Presupuestos de 2002 por la que se pretenden prohibir las aportaciones económicas a aquellas organizaciones que incluyan entre sus miembros a personas condenadas por pertenencia o colaboración con banda armada.

Entienden los socialistas que el Palamento europeo, del que Batasuna también recibe financiación, tendría dificultades para retirar las subvenciones a una formación política "por el simple hecho de que tiene encausado a alguno de sus miembros".