Lo hizo durante su participación en la inauguración de la jornada ‘El impacto de la Ley del Tercer Sector y los retos pendientes’, organizado por la Plataforma del Tercer Sector para organizar su décimo aniversario, que se celebró en el Congreso de los Diputados.

En su intervención, Batet constató que la Ley del Tercer Sector es, “sin duda, una pieza importante en esa tarea fundamental de nuestra democracia de mejorar las vidas de las personas” y definió a la norma como un “hito” que “ha impulsado un avance muy importante: el reconocimiento legal de las entidades de acción social y su articulación y organización como elemento vital de nuestra democracia”.

Subrayó que “una democracia fuerte necesita una sociedad fuerte, necesita organizaciones comprometidas con los derechos de las personas, especialmente de las más vulnerables, necesita fortalecer el tejido de solidaridad que da apoyo y cobertura a quienes más lo necesitan, que da voz a las demandas de los que no son escuchados”.

Indicó que el mandato constitucional, según el cual “es la obligación de todos los poderes públicos hacer que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas”, interpela tanto a los poderes públicos como a la sociedad civil.

Esto le permitió observar que “las organizaciones sociales han estado siempre y siguen estando a pie de obra”, como lo ilustra el hecho de que “han impulsado la movilización social y la visibilización de las necesidades de los colectivos con más dificultades y su labor de concienciación y lucha ha sido muchas veces determinante para el reconocimiento de nuevos derechos”.

En ese sentido, apuntó que el trabajo de las entidades del Tercer Sector “ha cobrado todavía más relevancia”, tras la crisis de 2008, la irrupción de la pandemia y la derivada socioeconómica de la invasión rusa de Ucrania.

Ese trabajo, según Batet, “merece ser reconocido y fomentado, y así lo ha hecho la Ley del Tercer Sector”, la cual ha permitido avanzar en “la institucionalización del sector y su capacidad de interlocución con los poderes públicos a través de la Comisión para el Diálogo Civil o el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.

Pese a que reconoció que “hay cuestiones abiertas” que afectan al Tercer Sector, como “la necesaria sostenibilidad financiera de las entidades o el fortalecimiento de la interlocución en la formulación de las políticas públicas”, concluyó su intervención ensalzando al Tercer Sector como un “elemento constitutivo de una sociedad democrática avanzada”.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, reivindicó, por su parte, todos los logros alcanzados durante los diez años de vida de la PTS. Diez años trabajando en red, fortaleciendo al sector, construyendo tejido social, fomentando el voluntariado y la implicación de la sociedad.