La decisión la adoptó el banco de origen vasco después de que el Consejo de Ministros impusiera al BBVA la obligación de que durante tres años tuviera que mantener una personalidad jurídica diferente a la del Sabadell, así como una gestión separada del patrimonio y la imposibilidad de realizar recortes de plantilla, como avanzó 'Invertia'. Estos condicionantes eran prorrogables por otros dos años.

Las fuentes consultadas dejaron claro que esta decisión de judicializar las trabas del Gobierno no interfieren en su intención de seguir adelante con la opa. Precisamente, esta misma semana la entidad vasca decidió que mantiene su intento de hacerse con el Sabadell, pese a que el banco catalán ha vendido TSB, su negocio en Reino Unido, y aprobó casi por unanimidad un macrodividendo para los accionistas que no acepten la opa.

Por su parte, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sostuvo que el Gobierno actuó en todo momento "en línea con la normativa nacional", como avalan los informes de la Abogacía del Estado y "con respeto a la participación de todas las instituciones involucradas y sus competencias", según fuentes de la cartera consultadas por Servimedia.

Asimismo, desde el Ministerio de Carlos Cuerpo, agregaron que esta normativa está vigente desde 2007 y se ha aplicado en numerosas ocasiones desde entonces.

En cualquier caso, el Gobierno insistió en que respeta la decisión del BBVA.