A través de un recurso de la defensa de Gómez, al que ha tenido acceso Servimedia, su letrado, Antonio Camacho, argumenta que la medida afecta a derechos fundamentales como la intimidad, ya que los mensajes pueden contener "información sobre todos sus contactos personales y profesionales, agenda, hábitos íntimos, fotografías familiares y secretos profesionales".

Según el letrado, la providencia recurrida no contiene ninguna consideración sobre el alcance de la investigación ni tiene en cuenta que una cuenta de correo electrónico "puede guardar datos, fotografías y documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad".

El recurso sostiene que, aunque una investigación judicial pueda afectar a estos ámbitos, "esa afectación en un Estado de derecho debe delimitarse y fijar su extensión" para no vulnerar derechos fundamentales.

FALTA DE MOTIVACIÓN

La defensa argumenta que la resolución carece de cualquier fundamentación sobre lo que se pretende conseguir o los elementos que justifican las medidas de investigación adoptadas.

El escrito señala que la providencia incumple las garantías que el legislador ha incluido para asegurar que la resolución sea respetuosa con la exigencia de motivación en casos que restringen derechos básicos.

La ley exige que este tipo de resoluciones incluyan el hecho investigado, su calificación jurídica, la identidad de los afectados y la extensión de la medida, entre otros requisitos que no se cumplen en este caso.

PROPORCIONALIDAD CUESTIONADA

El recurso cuestiona la proporcionalidad de la medida, al considerar que el sacrificio de derechos no se justifica por la gravedad de los hechos investigados. La defensa argumenta que los correos analizados hasta ahora muestran que la asistente de Gómez cumplía sus funciones habituales de gestión de agenda y coordinación.

En cuanto al delito de malversación sobre el que Gómez será interrogada este miércoles, el escrito sostiene que no hay indicios de este tipo penal, ya que la remisión puntual de algún correo personal por parte de la asistente entra dentro de los usos sociales habituales.

La defensa recuerda que la Audiencia Provincial ya señaló en un auto previo que no existe malversación salvo que se cobrara un sueldo sin prestar ninguna función.

DESCONEXIÓN CON OTROS DELITOS

Se argumenta que no existe conexión entre la supuesta malversación investigada y los otros delitos que se indagan en la causa principal, como tráfico de influencias o intrusismo.

Tras casi dos años de investigación, según la defensa, no hay indicios de intervención de Gómez en los procesos de contratación pública investigados ni en las otras conductas bajo sospecha.

La defensa reclama que se respeten las garantías procesales y la protección de derechos fundamentales, considerando que la medida adoptada es desproporcionada y carece de la motivación exigida legalmente. El letrado solicita que se deje sin efecto la providencia del juez Peinado por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y otros derechos constitucionales de la investigada.