Fungairiño explicó que el expediente de petición de extradición fue cursado completo, ya que constaba de los autos de procesamiento y de prisión dictados por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional contra Moreno y García, el dictamen del fiscal conteniendo el relao de los hechos que se les imputan, la identificación de los dos presuntos etarras y los textos legales aplicables para solicitar su extradición.

En concreto, en su escrito solicitando al juzgado que tramitase la petición de extradición el fiscal invocó expresamente el Convenio de Extradicón entre España y Bélgica, vigente cuando fue instada la entrega de los presuntos etarras a España en 1993.

Señaló también en el informe que el delito de "asociación ilícita agravada por la pertenencia a banda trrorista" del que fueron acusados Moreno y García por la justicia española "es incardinable en el artículo 2.7 el Convenio de Extradición entre España y Bélgica", e indicó que, además, lleva aparejada una pena de hasta 12 años de cárcel.

En su relato de hechos, el fiscal indica que Luis Moreno Ramajo y Raquel García "son miembro de la banda terrorista ETA" y precisa que su labor "constituía en servir de infraestructura a los miembros del llamado 'comando Vizcaya' de la citada organización terrorista, uxiliando a Juan Ramón Rojo González, Kepa Urra Guridi, Javier Martínez Eizaguirre y Juan Carlos Iglesias Chouzas".

Según el fiscal, los dos presuntos etarras alojaron en su domicilio de la localidad de Sopelana a los miembros del 'comando Vizcaya' "por espacio de una semana, auxiliándoles también para portar las armas que utilizaban y trasladándoles a Las Arenas y otras localidades próximas".

Entre otras acciones, durante la época en que Moreno y García mantuvieron alojados en su domicilio a losmiembros de dicho comando, éstos asesinaron el 14 de enero de 1992 al policía José Ansean Castro en Bilbao, a quien ya habían intentado matar cuatro días antes.

Para Fungairiño, la prueba de que el expediente de extradición estaba completo cuando se cursó es que ha pasado la fase de tramitación judicial en Bélgica, en la que no fue reclamada ninguna información complementaria a España, como ocurre cuando existe algún error en la petición de extradición. Agregó que, en estos casos, dichos errores se sulen subsanar en unos 40 días.

Por ello, se mostró sorprendido por el hecho de que sea ahora cuando las autoridades belgas invoquen defectos de forma en la petición de extradición, cuando ésta se solicitó hace casi 3 años.

Finalmente, tras recordar que Bélgica fue el primer país que extraditó a un etarra a España, incluso antes que Francia (concretamente en 1983 a Salvador Ormaza Corral), reiteró que la petición de extradición estaba "suficientemente formulada" y no contenía defectos formales, porlo que, a su juicio, la denegación de la entrega puede responder a otras motivaciones.