En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego valoró la sentencia dictada por el Supremo que desestimó todos los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia de A Coruña que ordenaba a la familia de Franco devolver el Pazo de Meirás al Estado.

La Audiencia Provincial había resuelto que el Pazo de Meirás era propiedad del Estado y estableció que los hermanos Martínez-Bordiú debían devolver su posesión. Fijó también que la familia del dictador tenía derecho a ser indemnizada por los gastos necesarios y útiles realizados en el inmueble durante el tiempo de su posesión, puesto que no habían sido poseedores de mala fe.

Rego subrayó que la sentencia, ya definitiva, confirmó lo que la sociedad gallega “llevaba muchos años denunciando y también reclamando”, que era “el robo por parte de Franco de este patrimonio”.

Por ello, dijo, el BNG considera que “es una grandísima noticia después de décadas de trabajo de las asociaciones memorialistas, del Bloque Nacionalista Galego, de la sociedad gallega en defensa de la memoria histórica, de la memoria democrática y de la recuperación del patrimonio robado por los francos”.

También destacó que se confirma también “definitivamente” la devolución de dos estatuas del pórtico de la Gloria “también robadas por los Franco”, que recientemente “fueron devueltas al concello de Santiago de Compostela”, y actualmente “están expuestas en el Museo do Pobo Galego”.

No obstante, aseguró que les resulta “difícilmente comprensible que esa misma sentencia considere que la posesión de los descendientes de Franco fue de buena fe y por lo tanto que hay que indemnizarlos por las obras de mantenimiento que se produjeron a lo largo de las últimas décadas”.

“Esto es totalmente absurdo”, afirmó, y lamentó que “en vez de ser los que robaron o los que disfrutaron del robo, los que compensen a la sociedad, se nos dice que debe ser la sociedad la que compense a los ladrones”.

Para Rego “es el mundo al revés”, y por ello dijo que seguirán “peleando para que esto sea revisado”, y en este sentido avanzó que iniciarán “una ofensiva en el ámbito social e institucional para denunciar este abuso”.

Esa campaña, aseguró, servirá “sobre todo también para denunciar que hay una responsabilidad muy directa del Partido Popular y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, en esta situación”.

El diputado del BNG afirmó que “siendo Feijóo presidente de la Xunta encargó la elaboración de un informe que se hizo público, que establecía precisamente estas dos cuestiones, que los descendientes de Franco tenían la posesión de buena fe y por lo tanto que sería razonable compensarlos económicamente”.

La sentencia, alego, “se basa en este informe para establecer esa medida, que como decimos nos parece absolutamente irracional e injusta”.

Además, adelantó que, en el Congreso, “una vez que esté firmada la titularidad pública, defenderemos la transferencia del Pazo de Meirás a la Administración Gallega para que pueda ser dedicada ampliamente a usos de memoria histórica, de memoria democrática”. “Es del pueblo gallego”, concluyó.