De esta manera, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) señaló que se destierra del ordenamiento jurídico español una “discriminación histórica” para los trabajadores con discapacidad sobrevenida.

A partir de este jueves, 1 de mayo y Día Internacional del Trabajo, cuando entra en vigor la nueva ley, la aparición de una incapacidad permanente, en sus grados de total, absoluta y gran incapacidad, no significará la extinción de la relación laboral, como ocurría hasta ahora, sino que el trabajador contará con la opción de continuar en la actividad productiva, siendo obligación del empleador la realización de ajustes razonables en el puesto o entorno de trabajo, o el proporcionar una posición laboral alternativa adecuada a las circunstancias del trabajador, siempre que no suponga una carga excesiva.

El Cermi explicó que la modificación de la regulación del despido por incapacidad permanente se produce como consecuencia de la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, operada en febrero de 2024, que elevaba al mayor rango legal la no discriminación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, incluido el laboral.

Con la publicación de esta ley, culmina un proceso político y legislativo iniciado en 2024, acordado entre el ministerio de Trabajo y Economía Social y el Cermi. La plataforma representativa de la discapacidad en España puso en valor que, en la fase parlamentaria, esta reforma haya contado con un respaldo “abrumador” por parte de las fuerzas políticas, “acreditando una vez más que la discapacidad es una materia que genera consensos amplios a pesar de la polarización que vive nuestro país”.